31-07-2022
Moreno Bonilla tomaba posesión de su cargo como presidente de la Junta de Andalucía en un acto rimbombante en San Telmo, digno de un jefe de Estado.
Anunciando días después la composición de su gobierno. 13 consejerías, eliminada igualdad, de las cuales resalta la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Tras las críticas de la pasada legislatura, Bonilla recupera medio ambiente, pero desposeída de las competencias de aguas que recaen en la consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. A este respecto, Moreno ha sostenido que "las políticas y las estrategias de agua se diseñen también desde la visión del ámbito agrícola, ganadero". Toda una declaración de intenciones del Partido Popular que considera el agua un bien productivo y de mercado, y no un Derecho Humano o bien eco social.
Cuando Moreno Bonilla dice que esta será la legislatura del agua está incurriendo en tres falacias.
La primera falacia, el agua, crea empleo y riqueza. A medida que se incrementa la oferta, se incrementa la demanda, lo que induce a un incremento del déficit hídrico estructural. A medio y largo plazo es un suicido hídrico. Veamos por qué. El Gobierno Andaluz promete incrementar el agua disponible para regadíos cuando tenemos solamente un 28,33% de agua embalsada en 2022 y las precipitaciones acumuladas en este año hidrológico están un 40% por debajo de la media de los últimos 25 años. Situándonos en situación de alerta en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
¿De dónde vamos a sacar el agua para incrementar la superficie de regadío que propone el Gobierno? De nuevas infraestructuras hidráulicas como desoladoras, depuradoras de ciclo terciario, nuevos embalses o trasvases. A priori, las soluciones pueden parecer coherentes, pero tienen varios problemas:
El primero no tienen en cuenta los costes integrales (económicos, sociales y ambientales "aguas arriba y aguas abajo" de las soluciones tecnológicas). La cantidad de energía que se necesita para desalinizar, los residuos y su gestión, los costes de las infraestructuras, de las canalizaciones, etc.
El segundo problema, no tiene en cuenta el análisis entrópico del agua y el metabolismo hídrico. Al no considerar las leyes de la termodinámica, los costes de reposición, y la entropía que se genera en los procesos de desalinización o depuración del agua. La propuesta del Gobierno Andaluz ignora la ley de la entropía donde se introduce el concepto de irreversibilidad de los procesos físicos.
El tercero no considera la pérdida de valor resultante de su utilización, ni el costo (energético, económico, ambiental o social) necesario para devolverla a un valor que permita su reutilización.
El cuarto, y no menos importante. El agua es un recurso finito. No se trata de “inventar nuevas tecnologías” para poder seguir creciendo en consumo. Si no de implementar medidas para controlar el uso de un recurso limitado. Esta es la clave de todo mal. El capitalismo considera el agua un recurso ilimitado. Cuando es el bien común más limitado.
El proceso de toma de decisión del gobierno de Moreno Bonilla en materia de aguas se basa en las leyes contables de votos. Mientras el agua se rige por las leyes de la física (termodinámica, entropía, etc.). En cualquier caso, el discurso del Gobierno de Moreno Bonilla se caracteriza por seguir el viejo paradigma del agua del siglo XIX como bien productivo destinado a generar riqueza. Lo que se conoce como política hidrológica tradicional que ha tratado de corregir la irregularidad temporal y espacial de las precipitaciones mediante la generación de infraestructuras destinadas a incrementar la oferta para satisfacer la demanda de agua y la capacidad de regulación del sistema hidrológico (fundamentalmente a través de embalses o trasvases). Sin embargo, esta política tiene efectos perversos demostrados, nos lleva al suicidio hídrico. El constante aumento de los recursos hídricos disponibles, junto al escaso control del uso, ha inducido a la permanente expansión de la superficie regada y, por tanto, al crecimiento de la demanda. Como consecuencia, en los años dónde los recursos almacenados no son suficientes como en años de sequía pluviométrica, las demandas no pueden atenderse con la cantidad y calidad necesarias, induciendo mal estar social.
Los datos son claros, esta política de incrementar la oferta tiene como resultado que el 81.2 % del agua a nivel andaluz se destine al regadío y que la superficie de regadíos haya pasado de 450 mil hectáreas en 1977 a 1,1 millones en 2015. ¿Podemos seguir incrementado la superficie de regadío con los recursos hídricos actuales en un escenario de cambio climático y cambio global? La respuesta es no. No de forma sostenible.
Llevamos más de un siglo de política hidráulica donde las administraciones son meros promotores de obras, gestores de financiación, y de la mano del sector económico han promovido la “burbuja del agua”. Así, cuando Moreno Bonilla dice "vamos a hacer la revolución hídrica" se refiere a que van a hipotecar el futuro de Andalucía con más obras hidráulicas y a convertir el agua en un negocio muy lucrativo para unos pocos. Es decir, una operación política de Greenwashing o lavado de cara. Porque venden como verde, algo que es muy negro para el conjunto de los Andaluces y andaluzas a medio plazo.
Moreno Bonilla está aplicando soluciones tecnócratas e innovaciones tecnológicas como (embalses, desalinizadoras, etc.) para seguir creciendo. Sin contar a la ciudadanía los inconvenientes como que las inversiones hay que pagarlas de forma íntegra por todos (el que riegue y el que no riegue), que los costes energéticos de la reutilización de aguas de depuración y desalinización son cada vez más caros y la Directiva Marco del Agua nos obliga a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos asociados a los daños o a los efectos adversos sobre el medio acuático. Costes que de momento no pagamos y que Europa va a exigir. Tampoco cuentan que cada vez hay menos agua, y, sin embargo, si más demanda y competición por su uso, lo que nos conduce a una salvaje guerra por el agua.
Sería interesante abandonar la dialéctica demagógica de un falso productivismo del agua para incorporar criterios serios de valoración económica, social y ecológica, incluyendo la recuperación integral del coste. El “sálvese quien pueda” el “mientras yo gane dinero, me importa una mierda” es el principio del fin. El camino que marca el desarrollismo salvaje de esquilmar acuíferos, contaminar ríos y destruir ecosistemas fluviales nos aboca al suicidio hídrico. Parar estar locura de la burbuja del agua y empezar a gestionar el agua desde el principio de solidaridad inter e intrageneracional podría ser el comienzo.
La segunda falacia del Gobierno Andaluz es vender la construcción de depuradoras que son obligatorias como algo voluntario. La Directiva Marco del Agua nos obliga a proteger las aguas, preservar los ecosistemas acuáticos y fomentar un uso sostenible del agua a largo plazo. Por su parte, la Directiva de Aguas Residuales tiene por objeto proteger el medio ambiente y la salud de las personas de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas procedentes de los sectores doméstico e industrial. Ambas normas obligan a poner en marcha las infraestructuras necesarias para recoger y tratar las aguas residuales. España y Andalucía incumplen la obligación de depurar y estamos pagando sanciones millonarias por ello. La Comisión ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo). Hay dos procedimientos sancionadores en marcha:
El primero, la infracción N º 2004/2031, conocida como “Zonas Normales” por incumplimiento sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en nueve aglomeraciones urbanas mayores de 15.000 habitantes, siente en Andalucía (Tarifa, Coín, Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Nerja y Matalascañas). Las depuradoras debían estar funcionando desde 2001. Se ha pagado una multa de 12 millones de euros, más sanciones coercitivas de 11 millones de euros por cada semestre. Lo que asciende a 63 millones de euros desde 2018. Cuantía que se incrementa a medida que pasa el tiempo y las depuradoras siguen sin funcionar. A Andalucía le corresponde el pago de 5,5 millones de euros. Lo que supone que cada día que pasa sin poner en marcha las depuradoras se penalizan las arcas públicas por la irresponsabilidad de los Gobiernos de turno. En este sentido es necesario aclarar responsabilidades. Las competencias para el tratamiento de las aguas residuales son municipales y, por tanto, son los responsables de prestar servicios de saneamiento y depuración por si solos o con el auxilio de su Comunidad Autónoma. Y fue esto lo que sucedió en 2010, cuando ante la imposibilidad material o la falta de voluntad política de los Ayuntamientos, la Junta de Andalucía declaró 300 obras hidráulicas de interés. Por su parte, el Estado declaró de interés general las depuradoras de Barbate, Matalascañas y Nerja y son su responsabilidad en este momento.
La segunda, la infracción N.ª ª 2018/2250 conocida como “Pequeñas Aglomeraciones” recoge el incumplimiento de 332 aglomeraciones urbanas. La Comisión envió una carta de emplazamiento a España en diciembre de 2016 y un dictamen motivado en febrero de 2020, en los que pedía a España que diera pleno cumplimiento a la Directiva sobre las aguas residuales urbanas. Actualmente, en trámite hasta sentencia. Cuyo resultado puede ser la mayor sanción de la Unión Europea. Los cálculos de la sanción dan pavor, si a razón de 9 aglomeraciones hemos pagado 63 millones de euros, por 332 aglomeraciones puede ser mil millonarias.
Si fuéramos un país serio y una sociedad con conciencia ecosocial, Europa no tendría que actuar sancionado. Es de lógica que la normalidad no puede ser verter aguas residuales sin depurar a ríos y arroyos, porque además de un problema ecológico, es de salud pública. Por más que se aplique el principio de “quien contamina paga”. Pagar no debería dar derecho a destruir bienes comunes.
La tercera falacia es la bajada de impuestos, también del canon del agua. Porque mientras sobre nosotros penden la espada de Damocles de las sanciones de Europa por no tener las depuradoras en funcionamiento, el Gobierno de Moreno Bonilla dice que suprimirá el canon del agua a partir del 2023 del que se nutre la comunidad para realizar las obras de las infraestructuras hidráulicas. El canon es un instrumento eficaz y solidario enmarcado en la Ley de Aguas de Andalucía que recauda 140 millones de euros anuales. Lo que supone entre 25 y 40 euros al año por hogar. Un coste poco significativo para nuestros bolsillos y que contribuye de forma eficaz a que tengamos depuradoras en todos los núcleos de población, también en los municipios más pequeños del medio rural.
La cuarta falacia que esconden el discurso "vamos a hacer la revolución hídrica” es el peligro de la corrupción en torno a la “burbuja del agua”. Según el Banco Mundial, las prácticas deshonestas a nivel internacional ocasionan pérdidas de entre el 20 y el 40% en el sector del agua, y algunos estudios señalan que la eliminación de la corrupción podría suponer un ahorro de recursos económicos en algunas regiones de hasta el 70%. En España ya conocemos casos de corrupción en torno al agua como Acuamed protagonizado por el PP. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmanteló una trama en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA que, con la colaboración imprescindible de grandes constructoras nacionales, cobró presuntamente comisiones por amañar adjudicaciones para la ejecución de embalses, desoladoras y conducciones hidráulicas, y aceptó incrementos de hasta un 10% en el precio inicial de esas obras.
Otro ejemplo, el caso Canal de Isabel II, donde la empresa de aguas pide 11 años de cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, del PP, por quedarse una mordida de 1,8 millones en “ilícitas comisiones” en la adjudicación de contratos. En torno al agua se ha montado un negocio y ello implica la posibilidad caer en las garras de las corruptelas (sobornos en licitaciones, desvío de fondos públicos, falsificación de lecturas de contadores, fraudes, abuso de poder, favoritismo, clientelismo y captura del Estado). Este último tipo de forma de corrupción es muy sutil. Para su ejecución se necesita del desarrollo de políticas, normas (leyes, decretos, etc.) y recursos económicos en beneficio de los intereses de personas, instituciones, empresas o grupos poder. En este sentido, podríamos pensar que la Ley sobre la reforma de los regadíos del entorno de Doñana que abre la puerta a regularizar unas 1.400 hectáreas de cultivo impulsada en la pasada legislatura por PP, Ciudadanos y Vox, se parece bastante a la Captura del Estado. La llamada “ley de indulto a regadíos” pretende legalizar los cultivos (ilegales) de fresas y frutos rojos que quedaron fuera del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana en 2014. Ley es perversa, de recalificación de suelo, en la práctica y que pone la alfombra roja a amnistiar regadíos que ahora esquilman ilegalmente el acuífero de Doñana. Su tramitación ha recibido la oposición de la UNESCO que amenaza con meter a Doñana en la “lista Negra de Patrimonio Mundial” y a la Comisión Europea, que ha amenazado al ejecutivo con acudir al Tribunal de Justicia y solicitar una sanción por incumplimiento reiterado de sentencia. Dado que en junio el tribunal de Luxemburgo dictó una resolución instando a clausurar los pozos ilegales que esquilman el acuífero del que se nutre la vida de Doñana, y por no adoptar medidas de protección adecuadas (reducir el regadío y la extracción del agua) incumpliendo las Directivas Marco de Agua y Hábitats. Se podría pensar que la ley es buena para el sector de la fresa y los frutos rojos, pero en realidad no lo es. La Ley perjudica a quienes plantan en suelo agrícola legal y riegan con agua de pozos legales. Esta ley provocará un incremento de la demanda de agua en una zona donde el acuífero está sobreexplotado. Y para suplir el déficit estructural creado por el incremento de la superficie de regadío, se demanda el trasvase del Tinto Odiel Piedras. De nuevo alimentando la guerra del agua. Y la paradoja de incrementar los regadíos impulsada por el Gobierno mientras hay 12.000 personas en el entorno del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche con restricciones de agua para consumo humano.
La política de aguas del Gobierno Andaluz (PP) es tremendamente irresponsable y desleal con el interés general de Andalucía. Frívola e inconsistente por sus efectos siniestros a medio y largo plazo, contraria, por tanto, a las directrices de la Directiva Marco de Aguas.
En un contexto de emergencia climática, cambio global y crisis del agua, no parece que las políticas continuistas basadas en el viejo paradigma del agua del siglo XIX sean las más acertadas. Sabemos que la solución a los problemas del agua pasa por avanzar, hacia una nueva cultural del agua y nuevo paradigma basado en el metabolismo hídrico. Superando la concepción reduccionista y mercantilista del agua como recurso productivo. Considerando el agua como un bien común y un derecho humano. Es indispensable que el Gobierno de Moreno Bonilla abandone el populismo del agua y comience a implementar políticas serias y responsables. Destinadas a controlar la demanda y no a aumentar la oferta.
El ser humano no tiene carta blanca para arrancar de la tierra todo lo que hay con el único afán de lucro y de explotación. Alzar la voz en protesta contra la brutal agresión y atropellos a la Naturaleza es la responsabilidad de aquella parte de la sociedad que es aún son capaces de ver tal despropósito
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