19-06-2022
Entre los años 1988 y 2020 ardieron 371 mil hectáreas de los 4,6 millones de masas forestales que tiene Andalucía. Analizando los datos, el descenso en las hectáreas quemadas coincide con la profesionalización y creación en el año 1994 del Plan de INFOCA. Los datos no mienten, tener dispositivos de prevención y extinción eficaces son una inversión para los territorios, no un gasto como los partidos políticos de derechas (PP) y ultraderecha (VOX) quieren hacernos ver. Invertir en el INFOCA y en AMAYA es invertir en futuro. Es el momento de cuidar a quienes nos cuidan, (los Bomberos Forestales) y de proteger nuestro servicio público (al INFOCA) de quienes quieren destruirlos.
Que el dispositivo INFOCA es muy bueno apagando incendios lo sabemos con creces. No por los reconocimientos internacionales, ni los premios reiterados, sino porque se manchan los uniformes los cuerpos de amarillo, las herramientas las tienen desgastadas, y han evitado tragedias de
dimensiones apocalípticas.
Mientras escribo este artículo Sierra Bermeja sigue ardiendo. En septiembre del 2021 ardieron 9.637 hectáreas y costó la vida a un bombero forestal. En estos momentos a junio del 2022 vuelve a arder. Ha arrasado hasta el momento 3.500 hectáreas de superficie forestal, a falta de extinguirlo, y ha dejado heridos a 3 bomberos forestales. El fuego no perdona y los grandes incendios (los que calcinan más 500 hectáreas) serán cada vez más frecuentes y recurrentes en las próximas décadas. El cambio climático, la falta de intervención en el monte y la desidia en la gestión forestal nos llevarán hacia escenarios de incendios incontrolables y fuera de la capacidad de extinción. Peligroso para la población y para los que están en primera línea jugándose la vida.
A medida que los dispositivos de extinción incrementan su eficacia y se intensifican los conatos, los grandes incendios también se engendran con mayor frecuencia. Lo que requiere de políticas y acciones adaptadas a los escenarios de cambio climático y de abandono del medio rural. Dispositivos de prevención y extinción adaptados a las exigencias del siglo XXI.
En el marco de los grandes incendios, los llamados de “sexta generación” son terriblemente letales como el de Sierra Bermeja de 2021, con capacidad de modificar la meteorología, liberar ingente cantidad de energía, producir columnas convectivas y pirocúmulos. Con llamas de 40 metros de altura y radiación apreciable a 200 metros, la intervención de los medios se torna imposible. Incendios que no habíamos visto hasta el momento en España y que aterran ante su ferocidad y capacidad destructiva. Nuestros vecinos portugueses ya vieron al monstruo de frente, en Pedrógão Grande en 2017, donde ardieron 45.000 hectáreas y murieron 67 personas. Para reseñar otros incendios de este calibre tenemos que irnos a California, Australia o Canadá.
En este contexto, las preguntas pertinentes son ¿Por qué ahora?, o ¿Cómo podemos prevenir o minimizar los efectos demoledores de estos grandes incendios? - Las respuestas están en las causas estructurales que los generan:
En primer lugar, el cambio climático. El calentamiento global aumenta la frecuencia y la severidad de las condiciones climáticas que propician los incendios. La temperatura media mundial ha aumentado 1,2 °C desde la época preindustrial. La década de 2011 a 2020 fue la más cálida jamás registrada. Las olas de calor son recurrentes e intensas. Los períodos de sequía y estrés hídricos cada vez más prolongados. La pérdida de biodiversidad, una catástrofe contrastable con la sexta extinción masiva de especies. Los índices de erosión, desertización y degradación del suelo insólitos. Factores ambientales que inducen a una mayor vulnerabilidad de las masas forestales al desarrollo de grandes incendios. Si a estos riesgos se le suma la ausencia de unas políticas de gestión forestal a medio y largo plazo, y la falta de trabajos preventivos en el corto plazo convierten a los montes en bombas de combustión.
Por otra parte, los grandes incendios contribuyen directamente al calentamiento global con la emisión de gases de efecto invernadero. Según datos de Greenpeace en 2019 los incendios forestales emitieron a la atmósfera 6.375 millones de toneladas de CO₂ en todo el mundo (unas 19 veces lo que emite España en un año). Por tanto, si se quiere limitar el calentamiento del planeta a 1,5 °C es fundamental reducir drásticamente los grandes incendios, emisores netos de CO₂ y destructores de los sumideros de CO₂.
El segundo lugar el abandono del medio rural. En la actualidad solo el 22,8% de la población andaluza reside en áreas rurales. La despoblación supone el abandono masivo de los aprovechamientos tradicionales, forestales, agrarios y ganaderos que controlan la expansión de los fuegos. Según datos de Greenpeace, desde 1962 hasta 2019 se han abandonado 4 millones de hectáreas de tierras de cultivo en nuestro país. Los cultivos conformaban líneas de defensa frente al fuego que han desaparecido a favor de vegetación altamente combustible. Las tierras de cultivo abandonadas son ocupadas por la vegetación natural en un proceso conocido como matorralización. Creando superficies homogéneas y continuas de vegetación vulnerables a los incendios.
Por otra parte, la reducción de la ganadería extensiva y su sustitución por un régimen intensivo es también un factor de riesgo de incendios. El pastoreo abre claros y reduce el combustible en el monte, al mismo tiempo que dispersa semillas y abona el suelo. Pese a sus beneficios, la ganadería extensiva está desapareciendo y con ella su capacidad de cuidar el monte de los incendios. Por otra parte, los aprovechamientos de madera, resina, corcho y especies micológicas también se han reducido drásticamente y con ellas, sus beneficios contra incendios. En cualquier caso, mantener un medio rural vivo es el mejor seguro contra incendios.
En tercero lugar, un medio rural trufado de viviendas y construcciones en zonas forestales de alto riesgo. La desordenación del territorio Andaluz ha dado como resultado espacios forestales e interfaces urbano-forestal trufados de urbanizaciones, viviendas e infraestructuras en zonas de alto riesgo. Lo que dificulta las labores de extinción al concentrarse en la defensa de estas, en detrimento del patrimonio natural. Es, por tanto, necesario realizar una planificación urbanística consciente de los riegos de los incendios. Limitando la construcción en áreas vulnerables al fuego que supongan un riesgo para la población y nuestros montes.
En quinto lugar, la falta de inversión en gestión forestal a medio y largo plazo que pone en peligro el patrimonio natural de Andalucía. Es necesario tener un Gobierno Andaluz consciente de que invertir en gestión forestal es invertir en futuro. Es cardinal, implementar políticas forestales que contemplen los escenarios de cambio climático, tendentes a generar paisajes en mosaico heterogéneos y formados por especies autóctonas y menos pirrófitas. Es esencial pensar en las siguientes generaciones y abandonar el cortoplacismo político que padecemos en este país.
En sexto lugar, la ausencia de planes de autoprotección y planes locales de emergencias. Los planes de autoprotección para núcleos de población aislada, urbanizaciones, camping u otras actividades permiten establecer medidas y actuaciones necesarias para la lucha contra los incendios forestales. En Andalucía no existe un registro de fincas particulares que haga posible determinar el número de fincas con un plan no vigente o sin dicho plan. Respecto a los Planes locales, en 2018 según la Cámara de Cuentas, el 53,3 por ciento de los 594 municipios obligados a aprobar y ejecutar un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales no lo tenían vigente. Mientras que el 10,9 por ciento de esas localidades nunca lo habían aprobado. Estos planes brillan por su más absoluta ausencia, pese a ser obligatorios y muy necesarios para salvar infraestructuras, viviendas y vidas personales.
En séptimo lugar la mala fe de la humanidad. El 95 % de los incendios forestales se deben a negligencias o acciones intencionadas. Incendios negligentes provocados por la quema de rastrojos y residuos agrícolas, quema de residuos procedentes de trabajos silvícolas, hogueras mal apagadas, cerillas o puntas de cigarrillos encendidas. Incendios intencionados por intereses cinegéticos o madereros, intereses especulativos como el urbanístico o de expansión de cultivos, rencillas personales, gamberrismo y piromanía. Es ineludible persistir en la sensibilización y divulgación ciudadana y legislar de forma enérgica para evitar que terrenos incendiados puedan convertirse en urbanizaciones de lujo o negocios lucrativos. Llamativo es que de nuevo arda Sierra Bermeja en apenas 9 meses y que proceda de trabajados de maquinaria pesada en la Finca la Resinera, donde el dictador Gadafi proyecto en 2011 un ambicioso proyecto urbanístico: un campo de golf, 1.915 viviendas, edificaciones turísticas y equipamientos públicos.
En octavo lugar y no menos importante, la paupérrima inversión en prevención. El presupuesto anunciado para el año 2022 del INFOCA es de 175,1 millones de euros, de los que 84,2 millones se destinan a prevención y 90,9 millones, a extinción. Del dinero dedicado a extinción, para el periodo 2021-2022, 34,75 millones de euros se destinan a medios aéreos de empresas privadas. Es decir, un 38% del presupuesto total. Del presupuesto destinado a prevención, para el periodo 2021-2022, 14,72 millones de euros ha ido a parar a manos de empresas privadas para la realización de tratamientos silvícolas preventivos. No obstante, olvidaros de los datos que os acabo de dar. Pueden ser mentira. Como ya advirtió la Cámara de Cuentas de Andalucía, la opacidad en datos contables reales del gasto o inversión en prevención y extinción de la Junta de Andalucía es total.
Este mismo organismo fiscalizador, la cámara de Cuentas de Andalucía, indicaba que “de las memorias del Plan INFOCA y del Plan Forestal Andaluz”, se deduce que Andalucía dedica el 27% del gasto total a prevención. Es decir, hay una diferencia considerable entre lo que se anuncia que se gasta en prevención y lo que realmente se ejecuta en labores preventivas. Es ilógico pensar que, aun siendo plenamente conscientes de que la única manera de controlar los incendios forestales es con trabajos preventivos en invierno y con políticas forestales a 30 o 40 años, los Gobiernos de Andalucía sigan obcecados en modelos de gestión de incendios del siglo XIX.
Si algo tenemos claro, al menos los que creemos en la existencia del cambio climático, es que la prevención es la mejor inversión en el futuro de Andalucía y para eso necesitamos al INFOCA completo al 100% todo el año. Invertir en prevención es invertir en futuro. Desde un punto de vista económico porque crea empleo estable y evita pérdidas económicas relevantes de las zonas afectadas por los incendios en sectores como el turístico entre otros. Desde el punto de vista ambiental, porque previene la acumulación de combustible en los montes y facilita las labores de extinción con cortafuegos, franjas auxiliares, caminos transitables, etc. Incrementando la capacidad del dispositivo para controlar el incendio y evitar la destrucción de ecosistemas y de biodiversidad. Desde el punto de vista social porque evitamos la destrucción del territorio y sus valores intrínsecos.
En décimo lugar, un dispositivo INFOCA desmantelado al pasar el alto riesgo. Los profesionales que forma el dispositivo INFOCA en alto riesgo son los siguientes: 932 personas adscritos a la Consejería de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural entre los que se encuentran los directores y subdirectores de los centros operativos (COP y COR), los técnicos de extinción y los agentes de medioambiente; 3530 profesionales adscritos a AMAYA que son los denominados Bomberos forestales en todas sus ocupaciones; especialistas, BRICAS, conductores de vehículos contraincendios y otras como logística; 240 personas contratadas a empresas privadas entre los que se encuentran 20 profesionales sanitarios, 200 personas de los medios aéreos entre pilotos y mecánicos, 20 conductores de maquinaria pesada y góndolas. Es decir, 4702 personas en alto riesgo trabajando para la extinción de incendios forestales. ¿Qué pasa cuando se acaba el alto riesgo y hay que hacer las labores preventivas? Pues que el dispositivo INFOCA queda desmantelado. Parte del personal de la Consejería adscrito al Plan se destina a otras labores. Parte de los Bomberos forestales, cerca de 700 son despedidos. Mileuristas precarios que trabajan 4 meses al año y que dejan a sus familias atrás para enfrentarse al fuego. Tratados como héroes en verano y como perros en invierno. Bomberos forestales en el paro, y montes sin cuidar por falta de personal. La precarización y maltrato a los bomberos forestales pone en peligro la eficiencia del dispositivo INFOCA y su capacidad de actuación. Además, constituye una clara vulneración de la legislación en materia de estabilidad laboral impulsada por el ministerio de empleo de Yolanda Díaz y que el Gobierno de Moreno Bonilla se niega a aplicar.
Por otra parte, están los profesionales del INFOCA que han conseguido la estabilidad en el empleo, pero que aún siguen peleando por condiciones laborales dignas; como un dispositivo completo al 100% los 365 días del año, el reconocimiento de la antigüedad, la firma de un convenio colectivo que responda a sus necesidades, la tramitación de las jubilaciones parciales, los coeficientes reductores o una segunda actividad digna. Los bomberos forestales están quemados por el Gobierno de Moreno Bonilla sin ningún ánimo negociador y dialogador. Un Gobierno que no ha sido capaz en 14 días de acampada frente a San Telmo y una huelga, de los profesionales de AMAYA y de INFOCA, de sentarse ni tan siquiera a escuchar. Ese es el talante del Gobierno de Moreno Bonilla. Palmaditas en las espaldas y patadas en el culo.
Siento enormemente que la indignación no sea masiva ante tanta injusticia y despropósito. No podemos evitar los grandes incendios, pero si podemos minimizar su capacidad de destrucción aplicando políticas de sentido común. Como la cuidar a quienes nos cuidan.
Apoyar al medio rural es invertir en poblaciones más resilientes y en territorios más vivos. Invertir en adaptación y mitigación del cambio climático es amortiguar los impactos más negativos. Invertir en gestión forestal y prevención de incendios es invertir en paisajes y ecosistemas más resilientes. Invertir en un dispositivo INFOCA operativo completo al 100% todo el año es invertir en vida.
Hoy, precisamente mientras se publica este artículo estamos llamados a las urnas los andaluces y andaluzas. Lo tengo claro. No voy a elegir quien quiere eliminar a AMAYA, ni privatizar el INFOCA y no se digna ni a escuchar a los bomberos forestales como el PP de Moreno Bonilla. Mucho menos quien niega el cambio climático y quiere erradicar al dispositivo INFOCA de la faz de la tierra por ser un chiringuito como dice VOX.
Quiero un medio rural vivo y una Andalucía que cuida a quienes nos cuidan. Quiero que nuestros Bomberos forestales, héroes de carne y hueso con vocación de servicio público sientan que su trabajo, además de reconocido públicamente, es apoyado desde las instrucciones con condiciones laborales dignas. Quiero una Andalucía que mire al futuro con dignidad y de la que sentirnos orgullosas.
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