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El Congreso de los Diputados acaba de aprobar la primera Ley por Derecho a la Vivienda, la primera de estas características de la democracia, y lo ha hecho por 176 votos a favor (PSOE, Unidas PODEMOS,… |
2023-05-07
El Congreso de los Diputados acaba de aprobar la primera Ley por Derecho a la Vivienda, la primera de estas características de la democracia, y lo ha hecho por 176 votos a favor (PSOE, Unidas PODEMOS, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe y Partido Regionalista Cántabro), 167 en contra (PP, Vox, Cs, PNV, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canarias, Nueva Canarias, Foro Asturias y varios tránsfugas no adscritos) y la abstención del BNG, y la envía al Senado.
El texto, aprobado por el Congreso tras la incorporación de numerosas enmiendas, parte del proyecto de Ley que fue presentado por el Gobierno el 26 de octubre de 2021 y remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales el 1 de febrero de 2022 para su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, si bien, la complejidad e importancia de la norma, múltiples negociaciones, ha hecho que el Congreso la apruebe 14 meses después.
Sin lugar a dudas, se trata de un hito como primera ley de carácter estatal que desarrolla el derecho constitucional, como principio rector de la política social y económica, recogido en el artículo 47, estableciendo que: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
¿Puede haber artículo más progresista? Cierto es que los principios rectores de la Constitución no son derechos exigibles a los poderes públicos, es decir, reclamables directamente ante los Tribunales, sino, más bien, máximas que deben inspirar a los poderes en sus actuaciones, pero la mención a “…la regularización del suelo de acuerdo al interés general…”, interés general, impedir la especulación, participar de las plusvalías… ¡tiene tanto fondo! ¿Será por eso que han sido 44 años y medio después del mandato constitucional de establecer “…las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…” y cuándo nuevamente un Gobierno progresista, liderado por el PSOE, ha aprobado la primera ley estatal? Por cierto, muy distinto, por ejemplo, de la LISTA que ha aprobado en Andalucía el Gobierno de Moreno Bonilla.
No voy a entrar en el detalle y lo concreto de la norma, habrá tiempo cuando las Cortes Generales aprueben el texto definitivo tras su paso por el Senado y, en su caso, nuevamente por el Congreso de los Diputados, pero sí quiero hacer un brindis a su importancia que, sin lugar a dudas, supone cimentar el 5º pilar del Estado del Bienestar, que al igual que la Educación en 1985, la Sanidad en 1986, el sistema de Pensiones en los primeros años de la década de los 90, la Dependencia en 2006 o las leyes igualitarias, sociales y de amplitud de derechos de ciudadanía en esos años, ahora la Ley por el Derecho a la Vivienda, consigue ganar conquistas, ¡ojo, reversibles!, del Estado del Bienestar y siempre lideradas por Gobiernos socialistas.
No obstante, intervenciones como “la ley ha acabado siendo la ley de los okupas porque los okupas acaban teniendo más derechos que los propietarios de las viviendas okupadas”, en palabras de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, o la ley “protege a los okupas en lugar de proteger a los legítimos propietarios” como afirmación de Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox o lecturas del tipo de que si la ley ha salido adelante con los votos de EH Bildu o ERC, obviando que también ha contado con el apoyo de Teruel Existe o el PRC, pero, a la vez, no cuestionar que las derechas de PP, Vox y Cs, han votado en contra junto con los mismos votos de los independentistas catalanes, incluida la CUP, o varios tránsfugas, demuestra una clara lectura interesada y sesgada de los grupos económicos de comunicación, más preocupados de sus intereses empresariales y comerciales, alejados en todo momento de su labor informativa y periodística, que de la auténtica importancia de la propia ley.
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