2022-12-18
Para los cristianos, el pesebre es la representación del nacimiento de Jesús, Dios hecho carne, que viene a vivir entre personas y a morir por ellas, como representación del mayor amor de Dios hacia la humanidad.
El pesebre es muestra de la naturaleza y propósito que los Evangelios quieren trasladar sobre la humildad del nacimiento de Jesús, del propio Hijo de Dios, naciendo entre animales y teniendo como primeros visitantes a los pastores de los campos de alrededor.
Hoy, en pleno siglo XXI, muchos niños y niñas siguen naciendo y creciendo en “pesebres” en nuestros barrios, pueblos y ciudades.
Informes de Save the Children, en base a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística sobre 2021, mostraba que un 27,9% de los menores de edad en Andalucía, esto es más de 439.000 niños, niñas y adolescentes, se encuentran en situación de pobreza infantil mientras que la pobreza de la población general llega hasta el 20,5%, 1,6 puntos más que en 2020.
Esto se produce pese a la implementación de políticas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que entró en vigor en junio de 2020, con la pretensión del Gobierno de España de pretender corregir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, y muy especialmente la pobreza infantil, dotando de unos ingresos mínimos a las personas que más lo necesitan para que puedan contar con unas mínimas garantías básicas.
El IMV se reguló por el Consejo de Ministros en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, pero su tramitación como proyecto de Ley derivó en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, ha permitido flexibilizar los requisitos de acceso, modificar los límites de renta para facilitar el acceso de más personas, mejorar la cuantía de la prestación, pero, no obstante, es necesario seguir evaluando la prestación, ya que es verdad que la urgencia y la novedad en el desarrollo de la medida no ha cubierto el total de las expectativas y aún hay un recorrido por delante antes de convertirse en una prestación universal.
No es menos cierto que las CC.AA., la primera Andalucía, que había sido pionera en la aprobación del Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, han ido retirándose en la aplicación de la misma, en lugar de realizar las modificaciones legislativas oportunas para convertirla en una prestación complementaria al IMV que amplíe la cobertura económica o asuma otros gastos de las familias con derechos a estas prestaciones.
Es más, parece que esa era la idea, el proyecto estrella, del primer Gobierno de coalición de Juanma antes de tener la mayoría absoluta en su segundo Gobierno con la pretensión de regulación del Ingreso para la Infancia y la Inclusión en Andalucía.
Pero, los primeros Presupuestos de mayoría absoluta del PP en la Junta de Andalucía, que aprobarán la próxima semana, no solo no hacen mención a esta medida ni contemplan ninguna partida al respecto, sino que recortan en un 36% las partidas destinadas a la RMISA.
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