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El pasado 12 de marzo Andalucía se acostaba con la información de Dani Cela en Eldiario.es sobre la adjudicación “a dedo” por parte del Gobierno andaluz de 117 millones de euros a... |
2023-04-09
El pasado 12 de marzo Andalucía se acostaba con la información de Dani Cela en Eldiario.es sobre la adjudicación “a dedo” por parte del Gobierno andaluz de 117 millones de euros a clínicas privadas y lo hacía acogiéndose a un decreto para contratos COVID-19 ya derogados.
El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público establece la tramitación de emergencia como mecanismo para actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional y siempre como algo excepcional.
La contratación de emergencia, que debe estar previamente bien motivada y fundamentada, no requiere procedimiento, es una contratación directa, sin publicidad ni concurrencia competitiva, es decir, “a dedo”.
El Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, en el marco del primer estado de alarma, permitió en su artículo 16 este medio de contratación pública y cuya previsión fue derogada expresamente por el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo.
Es más, el 18 de junio, 40 días después de la entrada en vigor de su derogación, la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea dictaba una Instrucción, la 1/2021, de 18 de junio, sobre contratación de emergencia, al conjunto de las Consejerías del Gobierno andaluz, reconociendo “…el volumen de contratos de emergencia que aun a día de hoy (18 de junio de 2021), siguen siendo elevados al Consejo de Gobierno a efectos de rendición de cuentas, no es conciliable con la evolución actual de la Pandemia lo cual revela una situación que no es deseable mantener… con la finalidad de… evitar un uso indebido de la contratación de emergencia que merme los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, integridad y concurrencia en la contratación pública así como eficiente utilización de fondos públicos…”.
Alguien parece que atisbó lo que estaba pasando.
En 2021 y 2022, el Gobierno de Juanma Moreno adjudicó vía emergencia, “a dedo”, sin publicidad ni concurrencia, más de 226 millones de euros a la sanidad privada y de ellos, casi la mitad, al menos 117 millones de euros, fueron contratados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) amparándose en el citado Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, cuando ya estaba derogado.
El SAS pasó de un presupuesto inicial de 70 millones de euros para 11 meses a encadenar adendas para mayor gasto y prórrogas durante al menos año y medio más, es decir, la Junta de Andalucía triplicó “a dedo” el presupuesto inicial hasta los casi 157 millones de euros.
Pero la Consejería de Salud y el SAS no fueron los únicos en utilizar este sistema. Para la Junta de Andalucía, la falta de mantenimiento y conservación de las carreteras de su titularidad también suponía una situación de emergencia a causa del COVID-19.
SER Andalucía informaba el 23 de marzo, once días después de la información de Eldiario.es, que la Consejería de Fomento también había recurrido a los contratos de emergencia “a dedo”, al menos, para la intervención en carreteras de la provincia de Cádiz, en la A-390 Chiclana de la Frontera-Median Sidonia y la A-480 Jerez de la Frontera-Chipiona.
Además, una de estas contrataciones “a dedo” se realiza a la empresa Barveal, que no aparece ni en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía ni del Estado, carece de clasificación que acredite su solvencia técnica y económica y no cuenta ni con trabajadores ni experiencia en el sector. Sin embargo, ha sido la segunda empresa más beneficiada por este tipo de contratos.
Y, el 29 de noviembre de 2021, el mismo día que se adjudicó “a dedo” una de las anteriores obras, la empresa Juan Veas S.L., empresa del padre de la titular de Barveal, recibió el encargo, también “a dedo”, de la ejecución del firme de la A-2200 en Arcos de la Frontera por casi 1,4 millones de euros.
El Consejo de Gobierno tiene el deber y la obligación, según la Ley de Contratos del Sector Público, de conocer dichas circunstancias en el plazo de máximo de 30 días, pero la Instrucción 1/2021, de 18 de junio, sobre contratación de emergencia, amplía su puesta en conocimiento hasta los 6 meses; aun así parece que no en todos los casos ha sido así. Hay contratos de emergencia, “a dedo”, que no se han puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno, ¿por qué?, ¿cuáles?, ¿desde qué fecha? Y hay contratos que ni siquiera se han formalizado ni perfeccionado.
La punta del iceberg del ‘Caso Emergencias’.
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