SEBASTIÁN LÓPEZ MATEOS  "Por el contrario, hay un amplio consenso a que la vivienda sea un bien privado, a pesar de que la Constitución española recoge el derecho a una vivienda digna.

2025-02-23

La vivienda es un derecho

Nadie, o casi nadie, pone en tela de juicio que la sanidad, la educación, las bibliotecas, y otros servicios, sean gratuitos o, para ser más preciso, pagados por los impuestos de todos y todas las ciudadanas. Sobre ello hay un amplio consenso sin que se cuestione, siquiera, abiertamente por las fuerzas conservadoras, aunque sabemos de su tendencia ideológica y política a que los servicios sean privados y pagados por quienes puedan y no por el Estado.

Por el contrario, hay un amplio consenso a que la vivienda sea un bien privado, a pesar de que la Constitución española recoge el derecho a una vivienda digna.

La última encuesta del CIS señala como el principal problema de la ciudadanía española la vivienda, por la imposibilidad del acceso a ella de gran parte de la población, especialmente, joven, no ya para adquirirla en propiedad sino, tampoco, en alquiler. Es conocido el alto precio de la vivienda, tanto si es en propiedad como si es en alquiler, que impide a trabajadores y trabajadoras, y a las llamadas clases medias, puedan acceder a ella. Uno de los principales obstáculos que una joven o joven se encuentra para poder emanciparse es la imposibilidad de tener un techo propio; en el mejor de los casos, pueden aspirar a compartir o, como ya se está dando, a alquilar una cama. Que una pareja pueda hoy hacer planes de futuro para vivir de manera independiente, es casi una quimera o una aventura de recorrido incierto y arriesgado, no digo ya si lo que pretende es tener descendencia. Y, como en tantos otros asuntos, no acabamos de reaccionar, aunque ya en las grandes ciudades comience a haber movimientos ciudadanos que se están levantando contra el problema.

Ha habido periodos de nuestra historia en el que el 63 % de las viviendas que se construían han sido con fondos públicos, de VPO. A partir de los 90 comenzó a bajar el peso de la vivienda pública y a incrementarse de manera exponencial la vivienda libre. Con la burbuja inmobiliaria, en los primeros años del siglo, el peso de la vivienda de VPO se situó por debajo del 10 %, siendo en los últimos años cuando los niveles de vivienda pública han bajado al mínimo. Y esto no tiene que ser necesariamente así, porque, aunque suene como una perogrullada, podría ser de otra manera. Y para muestra lo siguiente: en Viena, Austria, un tercio de la vivienda es pública, otro tercio es cooperativa y el tercio restante es privada; en la UE el peso de la vivienda pública es del 9 % y en España es del 2,5 %. En España, la comunidad que más vivienda pública promociona es Navarra, con 80 viviendas en alquileres protegidos por cada 100.000 habitantes por las 19,4 de media en el Estado.

El buen juicio, tan escaso, nos dice que no podemos pedir que el Estado nos pague una mansión, pero sí debemos exigir que el Estado garantice a todos y todas sus ciudadanas una vivienda digna, un techo donde construir su hogar.

La vivienda no puede ser un bien de mercado, la vivienda es un derecho que como ciudadanos tenemos y debemos reclamar.

No cejaré de denunciar lo que objetivamente es escandaloso. Con total seguridad, antes o después, nos van a colocar en los presupuestos del Estado las partidas necesarias para alcanzar, por ahora, el 2 % de PIB para defensa, dicho en términos eufemísticos, porque lo que en realidad quiere decir es mayor gasto militar y armamento. Estoy expectante por ver qué se va a contemplar en políticas de vivienda y otras políticas sociales (transferidas la mayoría de ellas a las comunidades autónomas). Según datos de la OTAN, aumentar el 2 % del PIB, el gasto militar equivaldría a unos 12.000 millones de euros, lo que aumentaría los presupuestos de defensa hasta los 30.000 millones de euros (el gasto público en defensa en los presupuestos de 2.023 es de 22.609,9, un 3,21 %). Para vivienda en 2023, el gasto para “Acceso a la vivienda y fomento de la edificación” contemplado en los presupuestos del Estado fue de 3.481 millones de euros, un 0,72 %. No es cuestión de dinero, es cuestión de prioridades.

Palabra de un “demagogo”.