11-09-2022
Cuando este artículo sea publicado estará comenzando el nuevo curso escolar con lo que las familias estarán enfrascadas en dotar a los alumnos y alumnas de los recursos materiales necesarios para el desempeño de las tareas propias del desarrollo de las clases. No es éste el motivo de mi artículo.
Lo que pretendo, lo mismo que hice en el anterior sobre sanidad, es poner el acento en cómo la privatización del sistema educativo es un hecho irreversible salvo que se le ponga remedio.
Los datos son así de tozudos y muestran con claridad esa tendencia privatizadora. Así está ocurriendo en España y en Andalucía, nuestra comunidad autónoma. La privatización en nuestro país no es algo nuevo, pero sí se puede decir que es a partir de 1985, con la LODE, cuando se consolida y se sistematiza la financiación de centros privados, concertados y públicos.
El porcentaje de centros privados en la enseñanza no universitaria en España es del 33%, siendo Madrid la comunidad que lo tiene más alto con un 50% y Extremadura la que menos con un 12%. Andalucía es la tercera en esta clasificación con el 35%. Esto supone que se ha reducido el gasto en los centros públicos mientras que se incrementa la financiación de los privados en un 25%. En el periodo de 2008-2018 al que nos estamos refiriendo los centros privados crecieron un 34´5% mientras que los públicos solo lo hicieron en un 13´9%. En Andalucía, en el año 2020, con gobierno ya del PP, se gastaron 879 millones de euros en la educación concertada, 50 millones más que los que se había gastado con gobiernos del PSOE en toda la legislatura anterior.
En España la privatización educativa tiene una larga trayectoria donde la alianza de lo público con lo privado y la implantación de la educación religiosa han determinado el modelo educativo actual. La derecha y también la socialdemocracia han abrazado los postulados neoliberales y neoconservadores lo que ha dado como resultado el actual sistema donde han avanzado los centros concertados a costa de los centros de titularidad pública.
Para justificar este modelo la derecha argumenta la libertad de elección de los padres cuando solo con ver unos centros y otros, y el resultado que produce, se comprueba que es un modelo que aumenta las desigualdades, cuando no es claramente discriminatorio. La propia OCDE, nada sospechosa, dice: “Proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede resultar en segregación según competencias académicas y entornos socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos…” De la misma manera el sindicato USTEA considera que “la mal llamada libertad de elección no es más que la libertad de segregación y uno de los motores de las desigualdades educativas.”
Solo la educación pública es garantía de una educación de calidad para la mayoría social. La libertad de elección solo esconde intereses ideológicos, políticos, económicos y clasistas.
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