... la dictadura que acababa de autodisolverse con su oferta de dejar el poder pasando de la ley a la ley,

2024-03-10

 

Vamos para Bingo

 

Viendo todo lo que está saliendo y lo que creo que va a salir próximamente, la corrupción en la política es un problema muy gordo. Y sinceramente, no sé siquiera si tendrá arreglo. Porque desde que en 1978, nos vendieron la burra coja de lo bueno que sería para nuestro país ir a un sistema democrático, a través de una Constitución que proclamaba una Monarquía parlamentaria, como único medio para alcanzar tal aspiración. De hecho, tal y como se proclama en tal norma, la jefatura del Estado está sujeta al poder ejecutivo, con lo que tenemos un vaciado de poder y competencias del mismo en beneficio del gobierno de turno y sujeto al mandato de las mayorías parlamentarias. Con lo que finalmente lo que tenemos es un funcionario más. Eso, unido a la inviolabilidad de su figura mientras esté en el cargo, nos podría parecer que su figura tiene poco de democrática.

Aunque hay que reconocer, que en ese tiempo, presentar dicha oferta al pueblo español, presuntamente soberano, frente a

la dictadura que acababa de autodisolverse con su oferta de dejar el poder pasando de la ley a la ley,

tal y como la presentó el verdadero pergeñador de tal estrategia. Y cerrando con ello, al menos formalmente, la posibilidad de un vacío de poder tan peligroso en esos momentos de tremenda inquietud.

Con todo ello, hemos visto cómo el anterior rey, después de una larga vida de intrigas y negocios algo turbios, se vio obligado en abdicar su cargo en favor de su hijo, el actual monarca. En paralelo, el poder político ha ido retorciendo tanto el espíritu de la Constitución, como su contenido normativo. Con lo que ha ido acumulando cada vez más poder, llegando al punto en el que estamos ahora. En el que el ejecutivo es valedor del poder legislativo, a través de unas mayorías parlamentarias, cuando menos artificiales, por así decirlo. Puesto que se conforman en base a prebendas y dádivas, no siempre claras y con un clarísimo tufo de ilegalidad. Eso, unido a haber ido copando todas y cada una de las instituciones del Estado, llámese Tribunal de cuentas, Tribunal Constitucional, Fiscalía, que aunque siempre ha estado bajo influencia del ejecutivo, por ser este el que nombra la figura del fiscal general del Estado. También es cierto que en su Estatuto orgánico, dice negro sobre blanco que sus principios rectores deben ser los de legalidad e imparcialidad, lo que de facto es lo mismo que reconocer la obligación de defender la legalidad y/o promover la acción de la Justicia siempre que una de las partes interesadas sea menor, incapacitado o se encuentre en una situación de ausencia legal. Y vemos cómo, sin demasiado sentimiento de vergüenza, por no hablar de ética, una vez y otra también, solo lo hace a favor de lo que en cada momento le impone este gobierno infame. Si no, cómo iba a ser posible que siguiera en el cargo el fiscal general, después de ser reprobado por la mayoría de las asociaciones de fiscales. O que incluso el Consejo General del Poder Judicial lo considerara inidóneo, después que el Tribunal Supremo advirtiese una desviación de poder, figura paralela a la prevaricación, en su nombramiento de Dolores Delgado, a quien le debe el cargo, como fiscal de sala de lo militar en el propio Tribunal Supremo. Todo lo cual supone ascender a la máxima categoría a alguien que, no reúne los requisitos imprescindibles, puesto que, en palabras de la propia sentencia del TS: dichas plazas, deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito. Justo después de que también fuera desposeída de la plaza creada a la carta para ella, como fiscal de Memoria democrática, puesto de nueva creación contemplado en la ley de igual nombre, en la que ella misma participó como ministra de Justicia.  Y por si esto fuera poco, volviendo al fiscal general, 21 de los 29 fiscales anticorrupción hayan firmado un documento señalando su profunda preocupación por la vigencia del Estado de Derecho. Haciendo explícito, también, el firme compromiso en defensa de la división de poderes, del principio de igualdad en la aplicación de la Ley y en defensa de la independencia en los tribunales. Máxime después de ver cómo los grupos parlamentarios en los que se sustenta el gobierno denuncien sin ambages el lawfare. También es verdad que no son los primeros, puesto 18 profesionales de la Sección Penal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo suscribieron palabras similares respecto del mismo asunto. Como exigencia de los golpistas catalanes a cambio de la más que ilegal, en mi humilde opinión, ley de Amnistía. De la cual hasta la señora Calvo, recién nombrada presidenta del Consejo de Estado, justo después de haberla recuperado tras su cese como vicepresidenta del gobierno. A cambio de hacerse seguidora acérrima de Groucho Marx, ya que como diputada, vicepresidenta y supuesta experta en Derecho Constitucional, cuestión en lo que es Doctora y profesora titular, ya había dicho en sede parlamentaria, que dicha norma era imposible por inconstitucional. Aunque también quede en entredicho su nombramiento, por las mismas razones aducidas para los nombramientos anulados de Dolores Delgado.

De esta forma, tenemos a Pinocho y a su

gobierno, que hacen del trile un arte. Tocados por gravísimos casos de corrupción, como el de las mascarillas,

en el que hay implicados, en mayor o menor grado, al menos cuatro ministerios, además de un ministro y la presidenta del Congreso. Que nos dibujan un retrato hiperrealista de todos ellos, ya que mientras morían compatriotas por miles durante la pandemia. Ellos se hacían millonarios a base de mordidas por su venta, que por cierto centralizaron curiosamente a través del Ministerio de Transportes. Cuya cabeza ahora se ha visto obligado a pasarse al grupo mixto, para no ser emplumado, al igual que su machaca Koldo y sus compinches. Así podemos explicarnos ahora para qué cometieron la fechoría de declarar los sucesivos estados de alarma, después declarados ilegales por el Tribunal Constitucional. O como el que puede ser todavía más grave, si se confirma lo que está saliendo a la luz, de que Begoña Gómez, mujer del presidente, se reuniera en secreto con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en sus oficinas. Además de otra telefónica a posteriori. En su defensa salió la gran Marichú, esgrimiendo que una de las funciones de la mujer del presidente es, precisamente esa, la de reuniones de trabajo, cuando eso es rigurosamente falso. Al tiempo, Air Europa, o lo que es lo mismo Globalia, era rescatada por el gobierno con la friolera de 475 millones de euros en Consejo de Ministros, en el que no solo participó Pinocho, sino que además votó a favor. Y curiosamente, Globalia había patrocinado a Begoña en el IE África Center, el que ocupaba el puesto de directorano sin escándalo, puesto que no reunía, ni reúne a día de hoy, requisitos técnicos mínimos para dichos menesteres. Por lo que solo se podría justificar exclusivamente en su componente digital, ya que fue impuesta a dedo. 

Cuestión que como mínimo se puede tipificar como conflicto de intereses, puesto que el art. 11 de la ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado, dice explícitamente que los miembros del gobierno deben abstenerse de las decisiones que puedan beneficiar económica o profesionalmente a sí mismo y/o los de su cónyuge o personas con quien convivan.

Todo ello lleva a pensar que el trile o timo de la mascarilla, puede decaer en un futuro próximo, con lo que deberán inventar otro juego, para intentar que nos apetezca jugar a tragar sables o comulgar con ruedas de molino.  Por lo que yo, humildemente, propongo el Bingo.


 

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