2022-01-01
Las historias se suceden allá donde los errores tienen cabida, historias que los mismos medios de comunicación eligen cuáles han de ser divulgadas y cuando, cuáles deben ser acreditadas y cuáles deben ignorarse, todo ello designado por un baremo motivado por intereses.
Este artículo está motivado por la noticia que sucedió hace nada más que cuatro meses, es decir, en pleno mes de agosto, y publicado en esta semana de diciembre, fruto de un error que ha traumatizado a la mujer que fue apresada y puesta entre rejas durante seis eternos días.
¿Y yo me pregunto, por qué sacan a la palestra de los informativos una historia con tanto retraso? Las respuestas podrían ser variadas, pero que todas llegarían al mismo punto de inflexión, la manipulación.
Ahora, recontaré lo que la gran mayoría de los que hemos escuchado los informativos nos hemos quedado atónitos. Es cierto que, una vecina de la población granadina de Almuñécar, llamada Mirela Stoian, en un andaluz estupendo dados unos 20 años de residencia en España, de naturaleza rumana, declaraba públicamente a los medios televisivos con la naturalidad con que se dirigió al cuartel de la Guardia Civil de Almuñécar para denunciar el robo de su moto.
Mirela Stoian, no daba crédito de lo que le estaba sucediendo. Era cierto su nombre y apellido, tal cual figuraba en sus documentos de identificación, pero ella no era una presa fugada de la penitenciaria de Palma de Mallorca, ni estaba en busca y captura, tal cual le acusaron.
A pesar de que negó la imputación, fue detenida. La letrada Mercedes Fernández, que se hizo cargo de este caso, tras corroborar los datos pertinentes con el abogado de la fugada y constatar que era todo fruto de un error, y que, aunque coincidían en nombre y apellido, no era la presidiaria, y no pudo conseguir que se anulara la orden de prisión. A pesar de que se había puesto en valor el craso error, los trámites de presidio para Mirela no fueron revocados ni desestimados por los funcionarios de Almuñécar, ya no se podía revertir la orden, por lo que fue trasladada al centro penitenciario granadino de Albolote.
El error era crucial, estaba en que los datos de Mirela Stoian figuraban en la sentencia de la fugada, fatal coincidencia, que hicieron saltar las alarmas tras huir de la prisión, ocasionando esta monumental confusión, y a la vez ha servido para desentrañar el embrollo, pues si no hubiera ocurrido este suceso en el expediente de Mirela hubiera constado la marca de haber estado presa como poco. Ese cruce de datos con la sola coincidencia del nombre y el apellido dejaban patente el tamaño desliz con solo visualizar la grabación del juicio celebrado en el juzgado de Palma de Mallorca. Mirela de Almuñécar nada se parecía físicamente a Mirela de Palma de Mallorca, y viceversa.
Los errores suceden todos los días en este país, y se escapan a nuestro control, aunque nos pongamos en cruz, juremos y perjuremos que no somos los autores de lo que se nos imputa. Pero tras cometer el error hay que compensar, e indemnizar el perjuicio cometido con el grado de afectación ocurrido, pues según las declaraciones efectuadas por Mirela el trauma sigue persistiendo, además del agravio emocional ocasionado a su hija, una menor, con la que convive, y a su madre, que viajó hasta Almuñécar para cuidar de la pequeña, mientras Mirela desempeñaba su trabajo en una cocina, en dicha población.
En España cualquier persona que es acusada de algo que no ha hecho, tiene el derecho a la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario dictaminado en un juicio público imparcial, también tiene el derecho a solicitar un defensor público designado por el tribunal en el caso de que tu poder adquisitivo no pueda sufragar el gasto, además se ampara a dicha persona con el derecho a la auto incriminación, al derecho de información, y por supuesto al derecho a la indemnización por inexistencia del hecho imputado, oscilando la cantidad entre los 17 euros y los 52 euros por cada día pasado entre rejas siendo inocente.
Los errores judiciales, por identificaciones mal hechas, por negligencias en el desarrollo de un trabajo policial, y por declaraciones falsas, son más comunes de lo que aparentemente sabemos, cuyas consecuencias dejan marcada a la persona de por vida, como es el caso del conocido caso de Dolores Vázquez, Rafael Ricardi, José Antonio Valdivielso, o Raúl S. entre otros. Afortunadamente, el número de casos erróneos ha descendido de 125 ocurridos entre 2002 y 2009, hasta los 20 casos ocurridos entre los años 2015 y 2019. La indemnización a José Antonio Valdivielso por estar en prisión, 3264 largos días en los que llegó a varios intentos de suicidio, fue de 143 euros por cada día. A Rafael Ricardi le indemnizaron 1,1 millones de euros, y a Dolores Vázquez la compensaron por los 519 días en prisión con algo más de 50.000 euros.
Pero el daño hecho en la autoestima, el dolor y el sufrimiento de estar privado de libertad siendo inocente debe de ser algo impagable porque el coste emocional y el tiempo de una vida desperdiciado y pisoteado no tienen precio.
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