Una difusa y deficiente división de poderes

A nadie le pasa inadvertido en nuestra actual democracia, como la base fundamental de nuestra sociedad, aparte de la Constitución y la familia, es la consabida división de poderes, que ya desde sus...

2023-05-07

A nadie le pasa inadvertido en nuestra actual democracia, como la base fundamental de nuestra sociedad, aparte de la Constitución y la familia, es la consabida división de poderes, que ya desde sus principales ideólogos: John Locke (1632-1704); y Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1685-1755), partieron de la necesidad de que las decisiones de un Estado, no debían concentrarse al modo omnímodo de las monarquías absolutistas, por lo que los órganos de poder debían de estar divididos entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que a su vez, debían de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios, siendo en lo fundamental, poderes independientes, que desgraciadamente en España, en estos últimos años, estamos asistiendo a una clara y desmedida intromisión por parte del ejecutivo en la manipulación más que evidente del poder judicial, lo que a ojos de una buena parte de los españoles, testigos de esta intromisión, hemos perdido totalmente la idea de un poder judicial autónomo e independiente, pues todos hemos asistido perplejos a este escenario que poco puede hablar en favor de nuestros gobernantes, de nuestros políticos de turno, sean del partido que sean, que en nada se corresponde con el poder legislativo imanado de nuestras Cortes, de las que forma parte el poder ejecutivo, nombrado democráticamente por todos los españoles con derecho a voto. Sirva como ejemplo, una de las últimas leyes aprobadas, la llamada “Ley del Sí es Sí”, que ha supuesto una afrenta descarnada hacia las mujeres, y a todos aquellos familiares que han visto como han perdido con una violencia inusitada a sus seres más queridos: hijas, esposas, nietas, madres …, lo que pone el vello de punta, pues estimados lectores, antes de la aprobación de esta Ley, la propia ministra de Igualdad, ya tenía sobre su mesa, distintos informes que ponían en evidencia los gravísimos inconvenientes y perjuicios de la aprobación y aplicación de esta legislación, por sus defectos inherentes, por sus verdaderos agujeros negros, que podían facilitar lo que desgraciadamente ha ocurrido, que ha sido todo un sacrilegio que ha producido el efecto contrario al que se perseguía, ya con las rebajas de penas, e incluso, lo más execrable, con la excarcelación de delincuentes sexuales, asesinos, violadores, que han truncado las esperanzas de las propias mujeres, aunque no sólo el PSOE-PODEMOS, conocían estos males previa aprobación de la Ley, sino que el resto de partidos, especialmente los de la oposición mayoritaria, también eran conscientes de estas puertas abiertas a los depredadores sexuales, que antes de la aprobación, callaron la gravedad de la aplicación de la misma, para que al final, esta situación aberrante no se diese en contra de la violencia de género. Bastan más comentarios, únicamente ratificar, que todo es electoralismo por parte de los grupos políticos, que han silenciado este oprobio de Ley, en favor de una apropiación bastarda de posibles votos de unos y otros; pero lo que llama poderosamente la atención ante las graves consecuencias producidas, es el silencio de los grupos feministas, que no han realizado ninguna crítica ante tal despropósito; pues piensen ustedes, que si esta Ley hubiese sido aprobada por la derecha española, no hubiese quedado títere con cabeza, lo que me lleva a pensar necesariamente, en un entendimiento indiscutible entre el gobierno marxista del PSOE-Podemos y los grupos “feminazis” que los apoyan, con el silencio previo a la aprobación del resto de partidos de la oposición, que ante tan tamaña torpeza, igualmente han querido aprovecharse electoralmente de esta ignominia e injusticia social se mire por donde se mire, a costa de las féminas, lo que ha obligado a su reforma inmediata, pues su aplicación se les ha ido de las manos ante las injusticias derivadas de su puesta en práctica antes de la reforma.

Paralelamente, también algunos magistrados, entiendo son conniventes con parecida situación cuanto menos surrealista, cuando la propia Fiscalía ya desde el año 2017, veía insuficiente la valoración pericial del riesgo hacia las víctimas de violencia de género, cuando consideraba imprescindible que los informes policiales se complementasen con otras investigaciones periciales más completas realizadas por especialistas en la materia, como psiquiatras, psicólogos, agentes sociales, con una valoración forense integral, que en la mayor parte de los casos se efectúa, siendo en ocasiones contrarios a la concesión de la libertad condicional para agresores sexuales y violadores de género; valoraciones forenses completas que en muchos casos, son desestimadas por los magistrados, quienes en última instancia tienen la decisión final sobre la concesión de la libertad hacia estos depredadores sexuales, de lo que fácilmente se desprende una pregunta: ¿Si los magistrados desoyen las periciales forenses en contra de la concesión de la libertad a estos depredadores sexuales?, ¿no serían igualmente culpables de las consecuencias que conlleva la concesión de la libertad frente a los informes forenses de expertos en la materia contrarios, cuando tras la concesión de la libertad, estos mismos excarcelados comenten nuevamente otros delitos sexuales en un alto tanto porcentaje de casos?. Valoren ustedes estos interrogantes, pero por desgracia, en España, todo vale, se consiente y en pocas ocasiones se depuran responsabilidades.

Visto desde fuera, desde la órbita del resto de países de nuestro entorno, especialmente por aquellos que pertenecen a la U.E, ha sido un esperpento, reprobado, haciéndonos ver que se estaban incumpliendo las propias leyes que legislaban la sustitución de las máximas instituciones del país, como son el Tribunal Superior de Justicia, el Constitucional y la Fiscalía del Estado, donde más parecía que se estaba jugando una partida de ajedrez, rectifico, una partida de mus, lanzando un órdago, como si ello no tuviese ninguna repercusión para la ciudadanía, que ha quedado verdaderamente impactada ante este juego sucio, este teatro, esta burla, esta farsa en beneficio de los partidos políticos mayoritarios, pues nadie puede negar el verdadero pugilismo entre estos representantes de la ciudadanía, que sólo se han guiado por intereses bastardos electoralistas, olvidándose completamente de la propia legislación que legisla, valga la redundancia, la renovación del poder judicial en España.

Sin entrar más detalladamente al menos en esta ilegalidad manifiesta, el poder judicial es el que al fin y al cabo ha quedado más maltrecho, pues desde una perspectiva meramente jurídica, entiendo, que todas las sentencias emitidas por los máximos representantes del poder judicial, que ya tenían prescrita su permanencia en estos órganos supremos, no tendrían validez a raíz de lo que venimos comentando, por la sencilla razón de que no tienen la “legitimidad” que se presupone a las leyes.

Fuera ya de estas consideraciones, tenemos un poder judicial carente de los más básicos instrumentos de control, seguimiento e instrucción de los procedimientos en todas las escalas de la administración de justicia, y en ello, claro está, no se puede culpabilizar en modo alguno a magistrados y fiscales actúen en el ámbito que sea en cuanto a la administración de justicia, pues no hace falta nada más que entrar en cualquier juzgado, para contemplar el espectáculo que supone el ver amontonados cientos y cientos de expedientes por tramitar, ya encima de las mesas de los propios funcionarios de justicia, como en anaqueles que están a punto de colapsar por el peso, todo ello a causa de la deficiente asignación humana e informática de la que adolecen, muy distinta a la situación que se observa en la Administración de la Agencia Tributaria del Gobierno de España, donde todo son parabienes, personal y medios informáticos, pues ya se sabe, que aquí no se escapa nadie del riguroso control de la Hacienda pública, a excepción de las distintas agencias tributarias, como la de Andalucía, donde nos encontramos con las mismas premisas de falta sobre todo de personal, que incluso, como ya expuse en otro artículo de opinión, son los que más expuestos están a bajas laborales por estrés y ansiedad, e incluso, a tener que solicitar el alta médica voluntaria por el cúmulo de trabajo que tienen que sacar adelante sobre todo, por parte de los cuadros superiores, algo que he comprobado directamente en mi propia familia ante una enfermedad grave.

Si esos mismos medios humanos e informáticos los dispusieran las distintas administraciones de justicia, otro gallo cantaría. Es por ello, por lo que no me extraña, la presión, la ansiedad que padecen todos los que de alguna forma están implicados, pasando por los funcionarios, secretarios judiciales y hasta los propios magistrados, que ven como día a día aumentan el número de causas sin poder hacer nada más, por falta, insisto, de medios humanos y de un eficiente sistema informático para aliviar esa carga de trabajo, que casi podemos decir se realiza al modo decimonónico. Valga como ejemplo, que, en un juicio ante un Juzgado de lo Social, ni tan siquiera disponían de un ordenador y altavoces para poder reproducir las pruebas de audio, presentadas por el demandante, que tuvo que cargar con su propio equipo para mostrar estas grabaciones esenciales para su correspondiente demanda, y además con la asistencia de la hija del demandante para poder exhibir estas pruebas a ambas partes litigantes, algo que me parece totalmente tercermundista, reprobable y surrealista. No tengo la menor duda, de que, si estos profesionales de la justicia tuviesen en sus manos los medios antes señalados por la Agencia Tributaria del Gobierno de España, los procedimientos judiciales, las sentencias, la carga de trabajo, disminuiría considerablemente a favor de la ciudadanía, por lo que no me extraña que una buena parte, esté reclamando por vía de la huelga, derechos indispensables para el desempeño de su trabajo, y una subida salarial congelada desde hace una década. Pero para mí, lo más extravagante es la existencia de funcionarios, que, por razón de sus competencias, están liberados la mayor parte de su tiempo de trabajo, lo que no alcanzo a comprender, puesto que, si ésta es una realidad palpable, me pregunto, ¿si no sería una buena solución la redistribución de los funcionarios dentro de las distintas administraciones autonómicas, sobre todo en justicia y hacienda, para solventar los anteriores problemas descritos? Para mí, no existe duda alguna, pues hasta algún amigo funcionario me ha expresado su vergüenza por estar casi todo el año de brazos cruzados, esperando que entre algún papel para no aburrirse como ostras. Dicho de otro modo, tenemos los medios humanos, pero no se hace nada para enderezar las situaciones descritas.

Todo lo dicho repercute negativamente en la ciudadanía en el caso concreto de la administración de justicia, pues ante esta masiva carga de trabajo, los magistrados no dan más de sí, por lo que pueden cometer y cometen, desgraciadamente, aunque entiendo de forma involuntaria, despropósitos en sus sentencias que suponen a la postre, un verdadero agravio para quienes las sufren, aunque exista la posibilidad del recurso de apelación, que tampoco soluciona o endereza este escenario grotesco. Sirva como ejemplo, las sentencias que en segunda instancia se producen ante las denuncias por clara negligencia de los abogados defensores, que en más de una ocasión, no han tramitado en tiempo y forma las apelaciones, habiendo ocasionado la más pura indefensión hacia los demandantes, a los que se les ha imposibilitado con ello, la revisión de los casos en segunda instancia, con el consecuente perjuicio hacia la ciudadanía, que ve truncadas sus esperanzas de que un recurso pueda proseguir y prosperar. Es infame, cuando ante estas situaciones, el poder judicial, aunque declare negligente al abogado, no compense moralmente al demandante, pues aún siendo el abogado infractor efectivamente declarado como negligente en el curso de su actuación profesional, sólo se le impute con la devolución de la minuta que en su día le fue cobrada a su cliente y nada más, sin establecer ninguna medida sancionadora, como por ejemplo, la compensación económica al que ha padecido esta verdadera situación de injusticia, que va acompañada de una situación de perjuicio económico por tener que contratar los servicios de un segundo abogado, sin olvidar, el daño moral y psicológico causado, que no se compensa ni tan siquiera, con la suspensión del infractor negligente por un tiempo determinado para el ejercicio de su profesión.

Termino apuntando que los ciudadanos están más que hartos de tanto entuerto, de tanta pasividad, del electoralismo que se aprovecha en todas las ocasiones, incluso con el intrusismo en el poder judicial por parte del ejecutivo, pero aquí todo vale, hasta incluso desoír las decisiones de la UE, como por ejemplo, en lo que respecta a la llamada “Ley de Memoria histórica”, que no puede concebirse nada más que como un instrumento electoralista por parte de la izquierda, olvidando a los que también cayeron, defendiendo lo que creían, o siendo víctimas colaterales por ambos bandos. Ante esta situación, la UE ha ordenado, que todas las calles, plazas, monumentos que ensalzan al marxismo en toda nuestra geografía nacional sean suprimidas, al igual, que ya se ha hecho por parte del gobierno con todo lo que tenía que ver con el fascismo. Veremos si estas instrucciones se llevan a cabo, pues mucho me temo, que nuevamente la izquierda más radical, seguirá dividiendo al país en las pretéritas llamadas “Dos Españas”, para conseguir votos sea como sea, cuando las heridas guerracivilistas habían quedado restañadas, al menos, para aquellas generaciones que ni vivieron, ni sufrieron este cruel enfrentamiento; heridas que volvieron a abrirse por el interés electoralista de aquellos que quisieron desde hace ya tiempo volver a utilizar la división, como fuente de apoyos por parte de los republicanos, que dicho sea de paso, creía que las nuevas generaciones entenderían que una República no es sinónimo ni patrimonio de los marxistas y anarquistas, (quienes por otra parte, llegaron a enfrentarse a tiro limpio en la propia contienda civil en Barcelona, dejando más de mil muertos y cerca de 1500 heridos por el control de la Ciudad Condal); pues quienes así la entienden, están en el mayor de los equívocos, bastando con fijarse en los países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, donde existe una República que dependiendo de los resultados electorales, puede quedar en manos de la derecha, del centro o de la izquierda.

Como docente que he sido durante más de treinta años, cuando tocaba explicar la II República y la Guerra Civil, eran muchos los alumnos que no tenían ningún conocimiento sobre la historia más reciente de nuestra España; pero ante una experiencia llevada en el aula en varias ocasiones, les preguntaba a mis alumnos de los cursos superiores, próximos al examen de Selectividad, que indagaran como un recurso didáctico a la par que sociológico, en qué bando combatieron sus  abuelos durante la contienda civil, ya de forma convencida o forzada. Las respuestas dadas, evidentemente, fueron en ambas direcciones, tras lo cual, les volví a preguntar, si esta división de sus ascendientes afectaría una vez conocida, a sus amistades. La respuesta fue rotunda, con un NO absoluto, pues para ellos, los enfrentamientos civiles quedaban para los que los padecieron, y en ningún momento, cambiarían sus vidas, a sus amigos, independientemente de en qué bando combatieron sus mayores. Tal experiencia me produjo una gran satisfacción pues pude comprobar en vivo y en directo, cómo estos jóvenes, a punto de entrar en la Universidad, habían zanjado el horror, la guerra, la vendetta por una nueva sociedad cohesionada, lo que me hizo pensar en la grandeza de este país, que en su mayor parte, ya había cerrado capítulo, pero desgraciadamente, los nuevos políticos de la izquierda más radical, abrieron de nuevo por un interés manifiesto con la “Ley de Memoria Histórica”, una nueva confrontación artificial en aras a conseguir más votos al coste que fuese. Me siento orgulloso de ser español, de defender nuestros valores, nuestras costumbres, así como la pluralidad de nuestras regiones o autonomías, así como de la diversidad lingüística en nuestro país, que más debiera ser un orgullo por la pluriculturalidad, que una fuente de animadversión, división y confrontación.