... Cualquier elemento —de muy escasa inteligencia— con porra, pistola y placa no puede actuar violentando con plena impunidad por muchas leyes que haya, ya que por encima de toda ley están los DERECHOS HUMANOS. Y porque la ‘autoridad’ debe ser ejemplarizante espejo donde se mire la sociedad.

2024-04-07

Violencia

No se puede justificar la violencia.

Cuanto acontece carente de respeto de forma directa a las personas desde la prevalencia de los Derechos Humanos, es una contrariedad al natural modo de proceder, ante los propios Derechos Humanos y el innegable derecho natural. Siendo en este contexto donde subyace la violencia. 

Es ante esta realidad que el costoso desafío de erradicar la violencia en el Estado español y sus campañas millonarias son cuestionables desde la perspectiva del humanismo en el día a día de los ciudadanos. 

Uno de los principales focos de atención ha sido la violencia de género, un flagelo que ha cobrado innumerables vidas y ha dejado cicatrices indelebles en la sociedad. Las campañas contra la violencia de género buscan sensibilizar a la población sobre la gravedad del problema, promover la igualdad de género y ofrecer recursos para las víctimas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los casos de violencia de género continúan siendo alarmantemente frecuentes, lo que plantea dudas sobre la efectividad de estas iniciativas. 

Por otro lado, las campañas contra la violencia doméstica buscan romper el ciclo de abuso en el ámbito familiar, ofreciendo apoyo a las víctimas y promoviendo la denuncia de los agresores. A pesar de los avances legislativos y de las campañas de concienciación, la violencia doméstica sigue siendo un problema grave en España, lo que sugiere que se necesitan enfoques más profundos y sistémicos para abordar sus causas subyacentes. 

En el ámbito escolar, el acoso y la violencia entre los estudiantes han sido objeto de atención por parte del Estado y de diversas organizaciones. Las campañas escolares buscan fomentar la convivencia pacífica, promover la empatía y ofrecer herramientas para la resolución de conflictos. Sin embargo, el acoso escolar sigue siendo un problema generalizado, lo que pone de manifiesto la necesidad de estrategias más efectivas de intervención y prevención. 

Además de estas formas de violencia más visibles, el Estado español también ha destinado recursos a combatir la violencia callejera, el vandalismo y otros comportamientos antisociales. Sin embargo, los resultados de estas campañas son difíciles de medir, y persisten interrogantes sobre su eficacia en la reducción de la violencia en el espacio público.

Todo contra la violencia.

Y en ese todo

no tiene cabida la complicidad de la violencia de Estado —la policial— para con los violentos que son los propios policías.

Una moralina, esta, que para los cerebros de los violentos alimenta exponencialmente el ejercicio de la violencia en los propios individuos que la practican en los cuatro casos expuestos anteriormente — violencia de género, violencia doméstica, violencia entre los estudiantes, violencia callejera— así como en el resto de los tipos de violencia existentes. 

Las campañas contra la violencia suelen tener múltiples objetivos. En primer lugar, buscan concienciar a la población sobre la gravedad del problema y fomentar una cultura de rechazo hacia cualquier forma de violencia. Esto se logra mediante la difusión de mensajes en medios de comunicación, redes sociales, y otros canales de información, que promueven el respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. 

Además, estas campañas suelen proporcionar información y recursos para ayudar a las víctimas a identificar y denunciar situaciones de violencia, así como para acceder a apoyo psicológico, legal y social. Se busca empoderar a las personas afectadas, brindándoles herramientas para romper el ciclo de violencia y reconstruir sus vidas en un entorno seguro y libre de abusos. 

Por otro lado, las campañas también tienen como objetivo sensibilizar a los agresores y potenciales agresores, promoviendo la reflexión sobre sus comportamientos y fomentando la búsqueda de ayuda para modificar actitudes y conductas violentas. Se trata de abordar las causas profundas de la violencia, que suelen estar relacionadas con desigualdades estructurales, patrones culturales nocivos y problemas de salud mental, entre otros factores.

Desmontando la lucha del Estado contra la lucha contra la violencia.

La violencia, en sus múltiples manifestaciones, persiste como una sombra oscura sobre la sociedad contemporánea. En un esfuerzo por abordar este desafío, el Estado español dispone millones de euros a campañas destinadas a erradicar la violencia en todas sus formas. Sin embargo, el éxito de tales esfuerzos es discutible, y surge la pregunta inevitable: ¿hasta qué punto estas inversiones han logrado su objetivo? Máxime cuando la estructura del Estado es permisiva y mantiene elementos violentos que ejercen la violencia extralimitada en las propias instituciones del Estado. 

Constatable es la colonización de la violencia, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en las ciudades españolas. Esta realidad, sin duda, son paradojas de la violencia. Contradicciones en el Estado español que persigue erradicar la violencia en su sociedad. Estas fuerzas y cuerpos de seguridad son un mal ejemplo en sus funciones, para la educación social, en la no violencia y para el imaginario colectivo de la gente, cada vez que cargan brutalmente contra la ciudadanía. ¿Dónde queda la solemnidad y moral del Estado ante esta realidad en su lucha contra la violencia? ¿Dónde está la sensibilización que promueva la reflexión del comportamiento y el fomento de la búsqueda de instrucción para modificar las actitudes y conductas violentas de estos agresores?

La violencia, en todas sus manifestaciones, es un fenómeno complejo y multifacético que permea las estructuras sociales y políticas de muchas naciones, incluido el Estado español. Sin embargo, esta aparente lucha contra la violencia se ve empañada por las contradicciones evidentes reseñadas anteriormente de violencia sin límites. Sin duda, esto plantea interrogantes importantes sobre la eficacia y la coherencia de las políticas estatales en la gestión de la violencia.

Sí, podemos reconocer y reconocemos que el Estado español ha implementado diversas iniciativas destinadas a combatir la violencia en todas sus manifestaciones. Desde campañas de concienciación y educación hasta programas de apoyo a víctimas, se ha buscado abordar las raíces profundas de la violencia en la sociedad. Sí. De acuerdo, dichas acciones reflejan un compromiso público con la creación de un entorno seguro y pacífico para todos los ciudadanos.

Sin embargo, esta imagen se ve empañada por las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en ocasiones han sido acusadas de emplear la violencia de manera excesiva o desproporcionada —siendo por pura analogía cristiana, donde más que a ángeles custodios se asemejan a demonios violentos—. Casos de brutalidad policial, abusos de poder y violaciones de derechos humanos generan controversia y desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos de manera justa y equitativa. Y, sobre todo, estos hechos nada aportan a la educación y para los comportamientos de la ciudadanía ante determinadas situaciones.

Sí, la contradicción entre las campañas estatales contra la violencia y el uso problemático de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad plantea serias dudas sobre la coherencia de las políticas estatales en este ámbito. ¿Cómo puede el Estado justificar la inversión de millones de euros en la prevención de la violencia mientras sus propios agentes son responsables de perpetuarla? Esto pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas policiales y de seguridad, así como de un compromiso renovado con los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos.

Además, irrevocablemente, esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad real de las campañas contra la violencia. ¿Cómo pueden estas iniciativas tener un impacto significativo en la sociedad si el Estado no aborda de manera integral el problema, incluida la conducta de sus propias instituciones? La erradicación de la violencia requiere un enfoque holístico que abarque no solo la prevención y la sensibilización, sino también la aplicación justa y equitativa de la ley. No se puede permitir el apaleamiento de las personas cuando estas ejercen el derecho de manifestación o reivindicación de causa de derechos humanos.

En última instancia, la paradoja de la violencia en el Estado español subraya la necesidad urgente de un cambio sistémico en la manera en que se aborda este fenómeno. Se requiere un compromiso genuino por parte del Estado para abordar las raíces estructurales de la violencia, así como para garantizar que sus propias instituciones actúen de manera justa y conforme a los principios democráticos y los derechos humanos —violencia cero—. Será así. Solo a través de un enfoque integral y coherente se podrá construir una sociedad verdaderamente pacífica y justa para todos sus ciudadanos, donde la violencia quede al margen.

España, ¿una sociedad violenta? (…)

Cualquier elemento —de muy escasa inteligencia— con porra, pistola y placa no puede actuar violentando con plena impunidad por muchas leyes que haya, ya que por encima de toda ley están los DERECHOS HUMANOS. Y porque la ‘autoridad’ debe ser ejemplarizante espejo donde se mire la sociedad.

En este país, un Estado de derecho. No se puede justificar ningún tipo de violencia; y menos aún la violencia de Estado. Es imperativo ante los Derechos Humanos. Entérense, de una vez por todas, todos los gobiernos: y gobiernen el Estado y las Autonomías con sus instituciones: libres de todo tipo de violencia.