"El pueblo no tiene que salvar al pueblo. Para eso está la Administración.

2026-10-04

Que no te hagan el lío

Maricarmen tiene 87 años. Llevaba más de setenta viviendo en la misma casa y pagaba su alquiler. Y, aun así, la desahuciaron.

Legalmente, ojo.

Su contrato era de renta antigua, había pasado por varias subrogaciones y los tribunales avalaron su extinción. La ley hizo su trabajo. El problema es que, cuando terminó, apareció una mujer de 87 años saliendo en camilla de la casa en la que había vivido toda su vida.

Y apareció el icono.

España descubrió a Maricarmen. O, mejor dicho, la política descubrió a Maricarmen.

Dos días antes habíamos conocido la historia de Olga. Tenía 54 años, dos hijas y llevaba más de veinte viviendo en su casa de L’Hospitalet. Había sido desahuciada meses antes de quitarse la vida. Su familia relaciona ambos hechos, aunque existían problemas previos de salud mental y convertir esa relación en una certeza sería irresponsable.

No hubo «decreto Olga».

También conocimos a David, un hombre con discapacidad que fue expulsado junto a su hijo de una antigua vivienda social adquirida por un fondo de inversión.

Tampoco hubo «decreto David».

Maricarmen, en cambio, reunía todos los ingredientes que necesita nuestra política: una imagen demoledora y, además, Madrid. El escenario perfecto para que Gobierno y oposición pudieran lanzarse el caso a la cabeza.

Y entonces apareció la urgencia.

El Gobierno aprobó dos decretos de vivienda con medidas que llevaban tiempo discutiéndose: protección frente a desahucios, prórrogas de contratos, regulación de alquileres temporales y restricciones a fondos de inversión.

Podemos discutir cada medida. Porque proteger a quien ya vive de alquiler puede producir efectos sobre quien todavía está buscando casa. Y porque detrás de la palabra «propietario» no siempre hay un señor acariciando un gato blanco desde un fondo de inversión. Hay empresas, sí, pero también particulares que heredaron una vivienda, invirtieron sus ahorros o cuentan con ese alquiler.

Ahí está precisamente la trampa.

Cuando la Administración no garantiza una alternativa habitacional a una persona vulnerable, resulta muy tentador resolver el problema trasladando toda la responsabilidad al propietario. Sale más barato y, sobre todo, queda estupendo en rueda de prensa.

Pero el derecho a la vivienda obliga a los poderes públicos. La política social debe hacerla la Administración con recursos públicos, no externalizarla sobre un ciudadano.

Maricarmen ha conseguido un acuerdo para volver a su casa. Me alegro por ella. Pero su historia no debería terminar convertida en una excepción feliz.

Porque Maricarmen demuestra que tenemos un problema. Olga y David demuestran algo bastante más incómodo: que ya lo teníamos antes de que hubiera cámaras.

Que no te hagan el lío.

El pueblo no tiene que salvar al pueblo.

Para eso está la Administración.