ANA COBO "un acto de justicia y de racionalidad económica.

2025-09-07

La quita de la deuda

Cuando hablamos de la deuda de las Comunidades Autónomas conviene recordar de dónde viene. No fue fruto de un exceso de gasto ni de caprichos políticos, sino la consecuencia de una etapa marcada por las nefastas políticas de austeridad del Partido Popular. Aquel Gobierno recortó la financiación autonómica, impuso un rígido corsé fiscal y trasladó a las autonomías el peso de sostener servicios esenciales que no podían suspenderse. Una obra pública se puede detener, pero un hospital no puede cerrarse ni un colegio dejar de abrir sus puertas. Obligadas a mantener la sanidad, la educación y la atención social sin los recursos suficientes, las Comunidades se vieron empujadas a endeudarse hasta alcanzar los mayores niveles de su historia. Esa es la herencia de una política que también dejó más de seis millones de parados.

Hoy el momento es muy distinto. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, España crece, se crea empleo y las empresas obtienen beneficios récord. Nunca antes tantas personas y compañías contribuyeron al erario público. El Estado registra máximos históricos de recaudación, no porque se hayan subido los impuestos, sino porque hay más actividad y más contribuyentes que nunca. En este contexto, es justo compensar a las Comunidades Autónomas por aquel periodo en el que se vieron obligadas a endeudarse para sostener lo más básico, deuda que siguen arrastrando. Eso es precisamente lo que propone el Gobierno de España: una quita histórica que condona hasta 83.252 millones de euros de deuda de las autonomías de régimen común. Andalucía será la más beneficiada, con 18.791 millones menos de carga financiera, lo que permitirá reducir su ratio de deuda del 19 % al 10 % del PIB, incluso por debajo del objetivo de sostenibilidad del 13 % fijado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La medida no es un regalo, sino un acto de justicia y de racionalidad económica. La quita no solo reduce la deuda principal, también evita pagos futuros de intereses. Según el propio Consejo de Ministros, las Comunidades se ahorrarían entre 6.600 y 6.700 millones de euros en costes financieros. Con una deuda de 18.791 millones, a un tipo del 2,5% Andalucía se ahorrará cerca de 500 millones anuales solo por este concepto. Es un dinero que a partir de ahora se puede destinar a escuelas, hospitales o dependencia.

La condonación además fortalece la posición futura de las Comunidades Autónomas. Si mañana llegara otra crisis económica, territorios como Andalucía podrían acudir a los mercados con más solvencia para financiarse, en lugar de quedar atrapados en la dependencia del Fondo de Liquidez Autonómica.

Lo que está en juego no es un privilegio, sino la capacidad de las Comunidades de sostener el Estado del Bienestar en igualdad de condiciones. La quita de la deuda repara un daño histórico, libera miles de millones que hoy se destinan a intereses y garantiza que puedan invertirse en más servicios públicos y más oportunidades para todos y todas.

Y, sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla prefiere renunciar a esta oportunidad y la razón que alegan es que esto es un pago a los independentistas. Si algo ha demostrado el Ministerio que dirige María Jesús Montero, es que cualquier propuesta que lleva a cabo, venga de quien venga, tiene muy en cuenta a Andalucía, y si algo ha demostrado Moreno Bonilla, es que velar por la calidad de lo público no es su prioridad y que va después, por ejemplo, de reducir impuestos a las grandes fortunas. Todo resta. Pero el Partido Popular tiene una hoja de ruta clara: es más importante dañar a Pedro Sánchez que beneficiar a Andalucía. Así de obvio y así destructiva es esta oposición y Moreno Bonilla no es, sino uno más haciendo seguidismo de un Partido Popular tan radicalizado que ha perdido el norte y para el que el sur sigue sin existir.