3-10-2022
LA ESTRATEGIA 128 ESPERA UNA REUNIÓN CON EL NUEVO DELEGADO DE VIVIENDA, ASÍ COMO LA SOLUCIÓN JUSTA AL CONFLICTO QUE SUFREN LOS VECINOS DEL RP-2T
Al calor del visionado de una buena película, “La odisea de los Gil” en el Centro de Barrio de Santa Isabel, vecinos y vecinas de las viviendas del RP-2T y miembros de las asociaciones AABI(Asociación Andaluza de Barrios Ignorados), PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y CEIM (Centros de Estudios e Iniciativas Municipales), componentes del espacio “Estrategia 128”han valorado desde su experiencia en el acceso a una vivienda pública de régimen especial sus heridas abiertas por las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía hace 20 años y, cómo necesitan de la organización y de lucha de los y las vecinas, al igual que los estafados protagonistas del film, para alcanzar esa solución pacífica y justa tan deseada al actual conflicto.
Por ello esperan del actual Delegado de Vivienda una reunión apalabrada y que tendría como objeto obtener respuesta de la propuesta que, en su día, mayo de este año, realizaron los y las vecinas y que la Consejería tiene en su haber desde que les fue remitida por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, para darle contestación.
Desde febrero de este año los vecinos y vecinas y miembros de la Delegación de Vivienda se constituyeron en una comisión de trabajo junto con los abogados de la Delegación y de los vecinos y vecinas para encontrar una solución justa y pacífica, a pesar de encontrarse el asunto en sede judicial, pero entendiendo que hay margen para tener en cuenta la propuesta de los afectados y afectadas, familias trabajadoras afectados por la crisis.
Las peticiones pasan por un precio de la compra reflejado en los contratos al que descontar el primer pago realizado a la firma del contrato, 1800 euros, cantidad abonada a los demás vecinos de las 104 viviendas y 6000 euros que en su día cobró AVRA al formalizar los contratos.
Los vecinos y vecinas plantean en la propuesta no poder asumir los intereses del dinero, señalando en la misma que han tenido otros gastos debidos a los defectos en la construcción, alquileres que se pagaron por el retraso en la adjudicación…
A esta altura del conflicto, después de 20 años de sufrimiento e incertidumbre; de daños y perjuicios para estas familias trabajadoras, éstas ven necesario que sea una realidad tanto la escritura pública como el préstamo hipotecario, una vez indultadas las peticiones planteadas.
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