La PAH pide a Jaén Merece Más comprometerse a la construcción de un parque municipal de vivienda

Estimado Sr.:

Nos dirigimos a usted para que después de 20 años de sufrimiento y desesperación, nuestras voces puedan ser escuchadas por alguien que pueda defender la situación de injusticia, desamparo e indiferencia causada por E.P.S.A., Empresa Pública del Suelo de Andalucía (ahora A.V.R.A.) que debería de estar al servicio del ciudadano en relación con la compra de unas viviendas de V.P.O.

Somos quince familias de Jaén, que accedieron en 1998 a la promoción de 104 Viviendas de Protección Oficial en régimen especial de las parcelas 10 y 11 del RP2T, que debían estar acabadas en 2001. Tras varios años de aplazamientos injustificados en la entrega de las viviendas por parte de esta empresa, dos familias acuciadas por la dificultad para seguir pagando un alquiler y teniendo una vivienda adjudicada que aparentemente estaba terminada, decidimos tomar posesión de nuestras viviendas el 13 de abril de 2003, teniendo que vivir en ellas tres meses sin luz ni agua corriente. A partir de este momento, paulatinamente, el resto de los vecinos ejecutaron la misma acción.

Cuál fue nuestra sorpresa, al ver que muchas de las calidades que teníamos en nuestro contrato habían sido eliminadas de las viviendas. La empresa constructora tuvo problemas de cimentación con el terreno, lo que provocó que se quedara sin presupuesto y decidió sufragar esos gastos quitando calidades en las viviendas. A.V.R.A. culpa a la constructora, lo cual no tiene sentido al ser ellos como promotores los encargados de la supervisión del correcto cumplimiento de la promoción. No hablamos de calidades superficiales, como defiende A.V.R.A., sino que siendo viviendas de protección oficial en las que los adjudicatarios son familias con bajo poder adquisitivo, cobran mayor importancia, cosas como quitar la calefacción, cristales sin grosor homologado, puertas de cartón, ascensor que no llega a las cocheras, zonas ahora no transitables, modificación de fachada… y así una lista infinita de disminuciones que un perito valoró en más de 50 millones de las antiguas pesetas.

Posteriormente, cuando decidieron entregar las viviendas, obligaban a los adjudicatarios a firmar un documento por el cual aceptábamos el cambio de calidades y en compensación ofrecían en efectivo un importe ridículo en comparación a la valoración realizada y unos radiadores de aceite en lugar de la calefacción central. Quién no firmara el documento, no obtendría su vivienda la calificación definitiva y no podría escriturar, manifestando que optarían por ofrecer la vivienda a otras familias de la lista de espera. Este “chantaje” les funcionó con la mayoría, ya que muchos ignoraban las deficiencias o su situación no les permitía otra opción que aceptar lo que les ofrecieran.

Las 15 familias nos negamos a firmar ese documento y, además, al haber tomado posesión de nuestras viviendas, la empresa pública del suelo andaluz nos denunció ante la Policía Nacional para el desalojo, pero archivaron las diligencias al comprobar la autoridad la legitimidad y veracidad de los contratos. Más tarde nos volvieron a denunciar, esta vez por vía judicial, y de nuevo el juez nos dio la razón. Eran nuestras viviendas, teníamos un contrato de compraventa legítimo y nadie nos podía echar de ellas. Como muestra de buena fe por nuestra parte, como siempre hemos tenido, ofrecimos entregar cheques bancarios por el importe de nuestras viviendas para la firma de escritura pública, pero fueron rechazados por ellos, al igual que todos nuestros intentos por llegar a un acuerdo a través de nuestro abogado.

Durante estos años, en varias ocasiones hemos sufrido el acoso a través de varias cartas en las que nos amenazaban con qué o aceptábamos su propuesta inicial o abandonáramos las viviendas en el plazo de un mes.

Posteriormente, la Justicia estima que se puede escriturar sin calificación definitiva de las viviendas, la cual estaba pendiente al no firmar el susodicho documento.

En 2016, A.V.R.A. decide denunciarnos de nuevo. En esta ocasión, la justicia sentencia provisionalmente que debemos abonar el importe del piso, todos los gastos ocasionados durante este tiempo (IBI, comunidad que ya habíamos pagado, intereses de la hipoteca de la vivienda, etc.) e incluso intereses legales del dinero, lo que sería para ellos obtener un beneficio económico como si fueran un banco, en vez de una empresa pública que se supone que no tiene ánimo de lucro. Todo esto nos lleva a pagar el doble de la deuda que teníamos, más abogados, procuradores, costas, etc.

Somos familias humildes, trabajadoras y sin muchos recursos económicos para poder acceder a otro tipo de vivienda, por lo que, en aras de llegar a un desesperado acuerdo con ellos, hace un año creamos una mesa de negociación compuesta por A.V.R.A., D. Jesús Estrella (delegado de vivienda de la Junta de Andalucía) haciendo las veces de mediador, algunas asociaciones vecinales (ABBI, PAH y CEA) y nosotros. Después de varias reuniones, les hicimos llegar una propuesta para llegar a un acuerdo justo (la cual adjuntamos) en la cual incluso cedíamos en muchas de nuestras pretensiones, pero creíamos justa para ambos después del tiempo transcurrido. D. Jesús Estrella nos dijo que la enviaría a Sevilla para que le dieran una respuesta.

Ha pasado un año y seguimos sin contestación. Hemos solicitado varias reuniones, ha cambiado el Delegado de la Vivienda en Jaén, pero la respuesta es la misma, el silencio. Ni desde Sevilla, ni desde Jaén, ni desde A.V.R.A. Nos sentimos humillados, rechazados, invisibles y nuestras voces han sido silenciadas con promesas y falsas esperanzas.

Somos quince familias que llevamos 20 años luchando contra una EMPRESA PUBLICA por una vivienda digna. Solo pedimos que lo PUBLICO también tiene que ser DIGNO.

Por todo ello, recurrimos a usted, como último recurso, para encontrar una solución justa y pacífica en nuestro derecho a una vivienda.

En espera de que nuestra situación sea conocida y escuchada por su parte, firmo la presente en Jaén a 10 de abril de 2023, en representación de todos los firmantes de la propuesta ya adjuntada.

Estimado Sr. Defensor del Pueblo Andaluz.