19-06-2022
El Decreto gubernamental que impide lanzamientos de familias vulnerables no protege a una familia con tres menores que, a pesar de cumplir con los requisitos que recoge esta ley, ya que la familia está reconocida como familia en riesgo de exclusión social en un informe de vulnerabilidad. Tanto los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jaén y los de la Delegación de Vivienda y de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) conocen la situación de la familia desde diciembre del año 2021.
Tampoco ha podido impedir este desalojo previsto la solidaridad manifestada el 28 de diciembre del año pasado cuando amigos y vecinos y colectivos sociales y eclesiales como la Fundación Proyecto Don Bosco, la Parroquia de San Juan Bosco, Cáritas Diocesana, Cáritas de la Parroquia San Félix de Valoix, la Asociación de Vecinos PASSO, la Asociación de Vecinos de la Unión, el Secretariado Episcopal para la Pastoral del Trabajo, la HOAC, la comunidad salesiana de San Juan Bosco en Jaén y Asociación Juvenil Centro Juvenil Domingo Savio que registraron 150 firmas de apoyo a un escrito de la PAH(Plataforma de Afectados por la Hipoteca) Y AABI(Asociación Andaluza de Barrios Ignorados) pidiendo al juzgado la paralización del desahucio previsto entonces para enero.
La petición de paralizar el lanzamiento siempre ha ido acompañada de, por un lado, la exigencia en el cumplimiento del decreto que impide desahucios por parte del juzgado hasta febrero y luego hasta septiembre por motivos de la pandemia y, por otro lado, de un diálogo por parte de la PAH con las administraciones competentes como son el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para encontrar una alternativa habitacional.
No es comprensible que dichas administraciones se inhiban en garantizar derechos fundamentales como es el derecho a una vivienda digna. No es comprensible que durante décadas se hayan hecho planes de vivienda en esta ciudad y que ahora el argumento mayor de dichas administraciones sea: no tenemos viviendas vacías, no tenemos llaves de viviendas en los cajones, no podemos intermediar con el mercado de alquiler. Es incomprensible también que, habiendo casi diez mil viviendas vacías en la ciudad, ambas administraciones no puedan llegar a acuerdos con bancos o particulares para encontrar un alquiler asequible para esta familia.
Esta familia con tres menores cuenta con un ingreso de 600 euros hasta agosto, lo que le impide enfrentarse al mercado del alquiler que necesita de un aval o de un salario que supere en un porcentaje la cuantía del alquiler apagar y que no baja de los 400 euros.
Desde los colectivos acompañantes de esta situación entendemos que la falta de vivienda y la política de alquiler actual es una injusticia y un mal consentido que responde a unas políticas y medidas concretas aplicadas por personas concretas y aplaudidas por los que obtienen beneficios al respecto, ante la indiferencia de la mayoría. No compartimos que estas medidas sean racionales ni tampoco lo sean los responsables en tomarlas, evidenciando la inmoralidad y deshumanización que nos acompaña, con la que convivimos. Seguiremos atentos como sociedad que practica la fraternidad y la amistad social, ante el futuro de esta familia y seguiremos instando a las administraciones públicas competentes a adoptar las medidas indicadas en el informe de Servicios Sociales para satisfacer la necesidad habitacional de esta familia vulnerable en esta época de pandemia. De esta forma, los SSCC del Ayuntamiento de Jaén junto con la Delegación de Vivienda y la empresa pública (AVRA), deben buscar una vivienda municipal, un alquiler social o una vivienda del parque público existente en la ciudad de Jaén.
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