"Pero también debe quedar claro que la pasividad tiene un coste humano y que la función social de la propiedad pierde sentido si nunca produce efectos concretos.

2026-11-01

Casa cerrada, expropiada

Una reflexión descarnada y honesta sobre la crisis habitacional, el dolor de los desahucios y la responsabilidad moral del propietario frente al dogma de la propiedad privada.

1. EL PAISAJE URBANO DE LA DESOLACIÓN

Vamos a analizar parte de una realidad social. La vivienda. La que los gobiernos, en décadas, en este país se han tomado como un juego especulativo. Convirtiendo España en el mayor de los casinos de apuestas al alza que jamás ha existido en el parque de la vivienda.

Un problema real. Si damos un paseo por la ciudad o pueblo en el que residimos podremos observar a lo largo y ancho de sus calles y plazas un gran número de casas de dos o tres plantas, casas de una planta, pisos… que configuran un amplio mapa de viviendas cerradas y deshabitadas. Un hecho normalizado que escapa a la lógica ante una brutal crisis habitacional que sufren cientos de miles de jóvenes, mayores y ancianos de este país. Un hecho que está truncando la calidad del desarrollo vital de estas personas.

1. LA TRAGEDIA DE OCTUBRE: EL ROSTRO DEL DESAHUCIO

En este momento; recordando la tragedia de una familia vulnerable. En la mañana del 6 de octubre de 2026, en Jaén, se consumó una atrocidad contra cuatro personas vulnerables; el desahucio y desalojo forzoso de Charo y su familia. ¿Qué será ahora de esta familia de clase obrera y de sus niños? La sociedad jaenera, con toda seguridad, no tendrá respuesta precisa a esta pregunta.

Una pregunta sobre un hecho convertido en injusticia amparada por la ley. Cuando fui conocedor consciente de tal hecho, dije por entonces y me reafirmo; canallas es lo que ven mis ojos ante la ruindad de quienes materializan estas escenas de dolor, sufrimiento, tragedia e indefensión, amparados y parapetados tras un papel revestido de “justicia” para ejecutar tan vil injusticia.

Aún tengo las neuronas en carne viva. Es insoportable y aberrante ver cómo arrojan a las personas a la calle. Carecen de decencia quienes anteponen leyes escritas por hombres al derecho natural. Es una humillación flagrante de la vulnerabilidad humana.

Este país es una vergüenza para el humanismo. Su sociedad está enferma porque ha normalizado esta barbarie y es consciente que se quite el techo a unos niños y a sus padres. No se puede permitir, bajo ningún concepto, que el derecho de propiedad se anteponga al derecho natural. ¡BASTA YA!

1. PROPIEDAD Y VIVIENDA, UN RECONOCIMIENTO DESIGUAL

Propiedad y vivienda, un reconocimiento desigual. En esta sociedad cainita, tanto el derecho a la propiedad como el derecho a la vivienda están reconocidos. Sin embargo, no hay que perder de vista la realidad, son los matices de cada caso los que determinan qué derecho prevalece.

El derecho a la propiedad. Está blindado por la ley, pertrechado y custodiado por quienes poseen bienes tangibles e intangibles. Es un derecho casi intocable e inviolable, salvo cuando prevalece el interés general, tal como determina la legislación del país de las Españas.

El derecho a la vivienda. Recibe un trato distinto, sus matices quedan relegados a una entelequia y su reconocimiento se diluye en la ambigüedad legislativa.

En este mundo cada vez más convulso y dislocado es necesario valorar y defender a ultranza la dignidad humana como límite. Esta, la dignidad de toda persona ha de actuar como la frontera que no puede ser traspasada por las leyes, el poder político, la economía, la ciencia o las decisiones de otras personas.

Cuando una familia vulnerable pierde su hogar, la defensa abstracta de la propiedad no puede cerrar el debate, debe comenzar la defensa concreta de la dignidad humana. Si el derecho a la vivienda queda reducido a una promesa ambigua mientras el derecho de propiedad opera con toda su fuerza, la ley deja sin respuesta precisamente a quienes más necesitan su amparo.

1. VIVIENDA CERRADA, VIVIENDA EXPROPIADA: LA AUTOCRÍTICA COMO EXIGENCIA

Vivienda cerrada, vivienda expropiada. Sostengo esta idea no desde la distancia ni desde la carencia, sino desde una contradicción que me interpela personalmente. Vivo bajo un techo que no es de mi propiedad. Siendo titular de dos viviendas que permanece una ocupada por personas que hasta que la ocuparon no tenían techo. Y la otra cerrada y desocupada. Sé que me pertenecen legalmente, que forman parte de mi patrimonio y que la ley protege mi derecho a conservarlas. Pero también sé que una vivienda vacía no es solo un bien inmóvil, es un espacio habitable que, mientras permanece sin uso, convive con la angustia de personas, familias que no disponen de un techo seguro.

El humanismo me obliga a mirar más allá del título de propiedad y a preguntarme por la responsabilidad que acompaña a la posesión. Tener no puede significar desentenderse. La propiedad reconoce facultades, pero también debería despertar deberes hacia la sociedad, especialmente cuando lo que se posee puede satisfacer una necesidad humana esencial. No se trata de negar el esfuerzo con el que se adquirieron esas viviendas ni de borrar arbitrariamente la seguridad jurídica, sino de aceptar que ningún derecho se ejerce en el vacío y que su legitimidad moral depende también de sus consecuencias sobre la vida de los demás.

Desde esa conciencia, debo preguntarme qué justificación humana tiene mantener cerradas dos casas mientras otras personas son expulsadas de la suya. La respuesta no puede reducirse a “son mías”. Esa afirmación explica una situación jurídica, pero no resuelve el dilema ético. Si mis viviendas pueden incorporarse a un alquiler asequible, a una cesión temporal con garantías o a una fórmula social que preserve razonablemente mis intereses y, al mismo tiempo, permita vivir con dignidad a otra familia, la opción humanista consiste en ponerlas al servicio de la vida.

La expropiación, entendida como intervención sometida a la ley, al interés general y a las debidas garantías, no debería presentarse como un castigo automático contra quien posee, sino como el último recurso de una sociedad que no acepta la coexistencia indefinida de casas cerradas y personas sin hogar. Antes de llegar a ella deben existir diálogo, incentivos, mediación y soluciones proporcionadas. Pero también debe quedar claro que la pasividad tiene un coste humano y que la función social de la propiedad pierde sentido si nunca produce efectos concretos.

Por eso, al decir “vivienda cerrada, vivienda expropiada”, no reclamo una consigna ciega ni me excluyo de sus implicaciones. Me incluyo en la exigencia. Acepto que mis dos viviendas, la ocupada y desocupada, me sitúan ante una responsabilidad que no puedo delegar en otros. El humanismo empieza cuando reconozco que la dignidad ajena limita mi indiferencia y que una sociedad justa no mide únicamente cuánto protege lo que cada cual posee, sino también cuánto se compromete para que nadie quede privado de lo indispensable para vivir.